El gobierno porteño le abrió un sumario al vicerrector del Mariano Acosta que apoyó la toma del colegio

El gobierno porteño le inició hoy por la tarde un sumario administrativo al vicerrector de la Escuela Normal Superior N° 2 DE 6 “Mariano Acosta”. El directivo, llamado Julio Pasquarelli, protagonizó un video que se volvió viral en el que se alinea con la toma del colegio que llevaban adelante los estudiantes.

“Hay un equipo directivo que sabe que tiene espalda suficientemente grande para cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir”, dijo Pasquarelli frente a parte de la comunidad educativa del colegio que se había convocado en la puerta del establecimiento.

El sumario que definió hoy la Junta de Disciplina, en la órbita del Ministerio de Educación porteño, tiene como objetivo “investigar los hechos acontecidos durante la toma de la institución el pasado mes de septiembre”.

Te puede interesar: Sancionarán con 30 días sin goce de sueldo a los dos docentes que agredieron a un funcionario porteño

“En el marco de las tomas a las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, se difundió un video en el que se puede observar al docente en el establecimiento educativo sosteniendo una actitud que dista de lo que debiera ser un entorno que propicie el diálogo y la convivencia pacífica”, expresaron en la cartera educativa.

Según el ministerio que conduce Soledad Acuña, las actitudes del vicerrector implican un incumplimiento tanto del viejo Estatuto Docente como del nuevo texto que se aprobó este año en la Legislatura, además del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias).

Esas normas establecen que es obligación del personal docente “propender a la armonía de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa”, observar una conducta acorde “con las normas de la ética” y “con la función educativa”, así como “desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo”, a la vez que prohíbe “desarrollar toda forma de proselitismo político partidario”.

La Junta de Disciplina considera que el discurso que se viralizó de Pasquarelli “atenta contra los principios más elementales de la práctica de una ciudadanía responsable y comprometida con los valores democráticos que sustentan la convivencia pacífica en sociedad”.

Según supo Infobae, una de las sanciones más factibles para el vicerrector es la suspensión por algunas semanas sin goce de sueldo. Como antecedente, en mayo, dos docentes de la Escuela Primaria N.º 19 “José Martí” de Villa Soldati fueron suspendidos por 30 días por agredir a un funcionario porteño durante una visita al establecimiento.

El Mariano Acosta fue la institución que comenzó la ola de tomas que se extendió durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. Allí una veintena de colegios porteños fueron tomados por sus estudiantes. Participaron, entre otros, el Lengüitas, el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia y el Liceo 5.

Los reclamos que más se reiteraron en los colegios giraron en torno a cambios en las viandas escolares, mejoras edilicias, rechazo a las prácticas laborales obligatorias en empresas y a la “persecución política” a los centros de estudiantes. Todas las medidas de fuerza se levantaron a principios de octubre más allá de que los reclamos persisten.

Después de las tomas, el gobierno porteño apuntó a los padres de los estudiantes que autorizaron las medidas de fuerza de sus hijos. La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires realizó 25 denuncias penales a 366 adultos por consentir la usurpación de un edificio público.

Además, el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal docente y no docente de las escuelas tomadas. El objetivo de la cartera de Acuña es transferirle a los adultos el costo laboral que implicó tener cerrados los colegios.

En ese sentido, el gobierno porteño ya cursó 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos. La cifra por la demanda civil asciende a $50.538.442,85.

Seguir leyendo: