El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que redefine el régimen de Zona Fría y limita el acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial, tras su sanción en el Congreso el 24 de septiembre.
La reforma restablece como beneficiarias permanentes a la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. Para el resto de las áreas que habían sido incorporadas mediante la ampliación de 2021, el descuento deja de ser generalizado y queda sujeto a condiciones socioeconómicas y climáticas.
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, este sistema tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031.
La modificación sustituye el artículo 75 de la Ley 25.565, que regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. La reforma deja fuera del régimen general a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que habían sido incorporados a la ampliación de 2021. En ese marco, unos 3,35 millones de usuarios perderían el beneficio automático a nivel nacional.
El cambio implica que los hogares de las zonas agregadas en 2021 ya no conservarán un descuento automático solo por su lugar de residencia. En cambio, podrán solicitar una bonificación adicional si cumplen los criterios previstos por el nuevo Régimen de Subsidios Focalizados.
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Entre los municipios alcanzados por el cambio se encuentran Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Tres Arroyos, Junín, Pergamino, Pilar, San Nicolás, San Pedro, Balcarce, Cañuelas, Chivilcoy y Coronel Suárez.
De acuerdo con la norma, esa asistencia estará disponible para usuarios residenciales que vivan en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI definidas bajo la norma IRAM 11.603. También deberán estar inscriptos en el régimen.
Cuáles son los requisitos para pedir el beneficio de Zona Fría
Para acceder a la bonificación adicional, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, residir en las subzonas bioambientales contempladas por la ley y no formar parte de la Patagonia, Malargüe o la Puna, donde se mantiene el beneficio histórico.
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Además, tendrán que cumplir al menos una de estas condiciones:
- Registrar ingresos netos familiares de hasta el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, según el INDEC.
- Tener en el hogar a una persona con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.
- Contar con un integrante que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra del Atlántico Sur.
- Tener un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en esos casos la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica para afrontar el servicio.
La ley no detalla aún el mecanismo de inscripción ni el procedimiento para acreditar las condiciones requeridas. Esa reglamentación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
Cómo se financiará el nuevo fondo
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se financiará con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. El cargo se aplicará sobre el consumo y la comercialización de gas por redes o ductos en todo el país.
Quedarán exceptuados de ese pago el gas destinado a exportación —incluido el gas natural licuado— y el GNL importado que ingrese al sistema tras su regasificación.
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El Poder Ejecutivo podrá elevar o reducir ese recargo hasta en un 50%. Además, la norma establece que los productores de gas actuarán como agentes de percepción y que los recursos deberán ser transferidos al fondo fiduciario.
La reforma también cambia el componente de la factura sobre el que se aplicará la bonificación. El subsidio dejará de calcularse sobre el total de la boleta y se limitará al precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, conocido como PIST.
Esto significa que cargos como la distribución, el transporte y los impuestos no quedarán alcanzados por el descuento. Por ese motivo, la modificación podría elevar el monto final que pagan incluso los usuarios de las regiones que mantengan el régimen histórico.
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