Negocio millonario y 30 años de explotación: las claves de Sea Lion, el proyecto petrolero en las Malvinas que el Gobierno sancionará

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei cuestionó el avance de Sea Lion, el proyecto petrolero que prevé extraer crudo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y, en tal sentido, anunció un paquete de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos argentinos en territorios nacionales ocupados por el gobierno británico.

En concreto, Sea Lion es una iniciativa petrolera mar adentro situado en el Atlántico sur. Si cumple el cronograma anunciado, se convertirá en el primer desarrollo de crudo en aguas próximas a las islas argentinas. Las empresas responsables aprobaron la decisión final de inversión a fines de 2025, después de concluir las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para avanzar con la explotación.

La resolución activó el calendario de obras, perforaciones y desembolsos que definirán el desarrollo del yacimiento durante los próximos años. También volvió a colocar en el centro el reclamo argentino sobre la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

El emprendimiento pertenece a Navitas Petroleum, de Israel, y a la británica Rockhopper Exploration. Navitas ingresó en 2020 con la compra del 30% de participación y luego incrementó su presencia hasta asumir la operación del proyecto y controlar el 65%. Rockhopper conserva el 35% restante.

Rockhopper comunicó el descubrimiento de petróleo en mayo de 2010. El anuncio despertó entonces expectativas sobre la eventual generación de ingresos petroleros para los habitantes de las islas. El yacimiento pasó después por una sucesión de estudios y revisiones hasta que las dos firmas aprobaron la inversión definitiva en diciembre de 2025.

Sea Lion está ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona donde el fondo marino alcanza los 450 metros de profundidad. El desarrollo abarca las licencias de producción PL032 y PL004b, dentro de la cuenca Malvinas norte.

Según información de Navitas, al 31 de julio el campo registraba reservas probadas y probables de 314 millones de barriles. La primera etapa prevé una capacidad de producción de 50.000 barriles por día y fija marzo de 2028 como fecha estimada para la extracción inicial.

El presupuesto hasta el comienzo de la producción asciende a 1.800 millones de dólares. El plan contempla además otros USD 2.100 millones para las etapas posteriores de explotación, previstas durante unos 30 años. En total, son USD 3.900 millones estimados para todo el proceso.

La ejecución se dividirá entre dos sectores y cuatro fases. El primer tramo se desarrollará en el Área de Desarrollo Norte, identificada como NDA. Allí se perforarán 11 pozos submarinos, vinculados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO por sus siglas en inglés.

La segunda fase de esa área comenzaría tres años después del inicio productivo e incorporaría 12 pozos adicionales. El programa también incluye el Área de Desarrollo Central, o CDA. Su primera fase contempla 20 perforaciones y proyecta el inicio de la extracción hacia fines de 2030. Luego se sumarían otros 18 pozos dentro de una segunda etapa.

El diseño integral prevé así dos zonas de desarrollo, cuatro etapas de perforación y más de 60 pozos submarinos a lo largo de varios años.

Los anuncios del Gobierno

Milei anunció un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y elevar las sanciones contra las empresas que exploten petróleo u otros recursos naturales nacionales sin autorización de la Argentina.

En primer lugar, el jefe de Estado adelantó la firma de un decreto para agilizar la aplicación de las penalidades previstas en la Ley 26.659. La norma apunta a las compañías que participen en proyectos de extracción de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica. El Ejecutivo también buscará mejorar los mecanismos de detección e intercambio de información para identificar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directores y proveedores.

La medida prevé inhabilitar para operar en la Argentina a las empresas que intervengan, de forma directa o indirecta, en desarrollos petroleros en las islas sin autorización nacional. La intención oficial es que las compañías deban optar entre continuar en esos proyectos o mantener actividades comerciales en el país.

Además, el jefe de Estado anunció un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Los fondos tendrán como destino prioritario la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Según el Gobierno, esa infraestructura buscará consolidar la capacidad logística argentina en el Atlántico sur.

El Ejecutivo enviará también al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La iniciativa propone endurecer las sanciones de la Ley 26.659, extenderlas a los proveedores de las empresas involucradas y prohibir que los infractores contraten tanto con el Estado como con el sector privado argentino. El texto contempla, a la vez, la aplicación del juicio en ausencia en los casos en que corresponda y la ampliación del régimen a otras actividades que afecten recursos naturales en las islas.

La iniciativa incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá la tarea de fijar una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Ese organismo articularía acciones entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecería criterios para proteger infraestructura crítica y los espacios aéreo, marítimo y espacial del país. El Gobierno pedirá, a su vez, facultades para responder con medidas económicas y diplomáticas ante actores estatales o privados que considere una amenaza para la seguridad nacional.