Un informe sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil sostiene que su poder adquisitivo se ubica por debajo del registrado durante la crisis de 2001 y que necesitaría triplicarse para recuperar su capacidad de compra original. El valor actual también impacta sobre jubilaciones, becas y otros ingresos vinculados por ley a ese indicador.
El salario mínimo, vital y móvil perdió poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo del nivel registrado durante la crisis de 2001, según un análisis sobre su evolución histórica realizado por la UBA.
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El indicador, creado el 7 de junio de 1964, acumula una caída del 39,3% entre 2023 y 2026 y registra un valor de $367.800. El estudio sostiene que debería triplicarse para recuperar su capacidad de compra original y advierte sobre sus efectos en otras prestaciones vinculadas por ley.
El trabajo, elaborado por Ángel Cerra, investigador y profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, concluye que el salario mínimo actual incluso se encuentra por debajo del poder adquisitivo que tenía durante la crisis económica y política de 2001.
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Durante una entrevista con Infobae Al Mediodía, Cerra explicó que el salario mínimo alcanzó su pico histórico en 2011, con un poder de compra equivalente a $1.059.903 a valores actuales. Esa comparación representa una caída del 66,2% respecto del máximo registrado. El investigador sostuvo que el deterioro acumulado modificó el alcance de una herramienta creada para garantizar un piso salarial.
El salario mínimo cambió su función con el paso del tiempo
Cerra explicó que el salario mínimo nació en 1964 para establecer la remuneración básica de quienes ingresaban al mercado laboral formal. Según señaló, ese esquema respondía a una estructura en la que los trabajadores desarrollaban gran parte de su carrera dentro de una misma empresa y progresaban mediante escalas salariales.
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“Era el piso de entrada que cobraba un trabajador y después las categorías superiores recibían remuneraciones más altas”, afirmó el investigador.
El especialista indicó que esa función perdió relevancia con los cambios del mercado laboral y que el salario mínimo adquirió nuevos usos legales. Entre ellos, mencionó que las jubilaciones mínimas con 30 años de aportes mantienen una vinculación directa con ese indicador. “Si se aumentara el salario mínimo, esas jubilaciones tendrían que subir inmediatamente por ley”, sostuvo Cerra.
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El investigador agregó que distintos programas sociales, becas y beneficios también utilizan el salario mínimo como referencia para definir requisitos de acceso. En ese contexto, una actualización insuficiente modifica el alcance de esas políticas.
Un indicador que, según el informe, perdió incidencia sobre los salarios
Durante la entrevista, Cerra aseguró que el salario mínimo dejó de representar una referencia efectiva para las remuneraciones del mercado laboral. “Nadie cobra ese salario y quedó en un dibujo”, afirmó.
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Al mismo tiempo, el investigador señaló que incluso actividades reguladas, como el trabajo en casas particulares, presentan escalas salariales superiores al salario mínimo vigente. También sostuvo que los valores efectivamente abonados suelen ubicarse por encima de las remuneraciones oficiales.
En ese sentido, explicó que la intención de reducir la incidencia del salario mínimo no corresponde exclusivamente a la gestión actual. Según indicó, distintos gobiernos aplicaron políticas que provocaron una pérdida de poder adquisitivo del indicador. “Este gobierno fue el más decidido en ese accionar, pero otros gobiernos también hicieron cosas parecidas porque el problema existe”, expresó.
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Cerra sostuvo que cualquier programa económico enfrenta restricciones cuando debe actualizar automáticamente salarios e ingresos vinculados a la inflación. A su entender, esa situación llevó a distintos gobiernos a limitar la evolución del salario mínimo en términos reales.
El debate sobre empleo, desarrollo y políticas de largo plazo
La entrevista también abordó la relación entre empleo, inversiones y desarrollo económico. Cerra cuestionó las proyecciones que anticipan grandes desplazamientos poblacionales hacia provincias vinculadas a proyectos mineros y energéticos. “Los especialistas coinciden en que son actividades que pueden generar riqueza, pero no demandan mucha mano de obra”, afirmó.
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El investigador consideró improbable que esos sectores produzcan movimientos migratorios de la magnitud planteada en algunas proyecciones oficiales y señaló que la experiencia internacional muestra otros modelos de aprovechamiento de los recursos naturales.
Como ejemplo, mencionó el caso de Noruega, donde el Estado destina parte de la renta petrolera a un fondo anticíclico e invierte esos recursos para sostener beneficios sociales y estabilidad económica.
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Cerra también sostuvo que el desarrollo requiere políticas sostenidas en el tiempo. En ese marco, destacó el caso de Vaca Muerta como un proyecto que atravesó gobiernos de diferentes orientaciones políticas y mantuvo continuidad.
Para cerrar, el investigador defendió el papel de la Universidad de Buenos Aires en la formación de profesionales y en la producción científica. Afirmó que la institución funciona con recursos limitados y consideró necesario abrir un debate público sobre su financiamiento, aunque destacó el respaldo que mantiene dentro de la sociedad argentina.
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