El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la condena de USD 16.000 millones contra la República Argentina por la expropiación de YPF no sólo representó un hito jurídico y económico para el país, sino que también puso bajo los reflectores la figura de Robert Giuffra Jr., el abogado principal detrás de la estrategia de defensa argentina.
Giuffra, quien lidera el bufete Sullivan & Cromwell, es una figura de alto perfil en los tribunales estadounidenses, conocido recientemente por integrar el equipo legal que defendió a Donald Trump en el proceso penal vinculado a la actriz Stormy Daniels.
Tras conocerse la resolución judicial, Giuffra se pronunció ante los principales medios financieros internacionales, calificando la decisión como un triunfo no solo para la Argentina, sino para la integridad del sistema judicial frente a lo que describió como prácticas especulativas de la industria de financiamiento de litigios.
El “revés para el casino de los litigios”
En declaraciones recogidas por medios como Financial Times, Reuters y El País, el letrado fue tajante al analizar las implicancias del fallo que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Sostuvo que la decisión “reivindica plenamente la posición de Argentina”, argumentando que el tribunal de distrito original había realizado una aplicación incorrecta de la normativa argentina vigente.
Giuffra apuntó directamente contra Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para litigar tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. Según el abogado, este tipo de inversores intentaron “convertir los tribunales estadounidenses en un casino”, basándose en una interpretación “inventada” de los estatutos de la petrolera estatal. El representante de la defensa argentina subrayó la desproporción del reclamo al recordar que “Burford adquirió el derecho a demandar por apenas 15 millones de euros, pretendiendo obtener un retorno de inversión del 37.000%”, cifra que, tras el fallo de cámara, quedó reducida a cero. Para Giuffra, este resultado generará escepticismo entre quienes financian litigios agresivos contra Estados soberanos.
Los fundamentos de una victoria histórica
El corazón de la nota ganadora para la Argentina reside en un cambio de interpretación sobre la naturaleza de los estatutos de YPF. El tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, determinó que, bajo el derecho argentino, los estatutos de una sociedad anónima funcionan como normas de organización interna y no como contratos bilaterales que generen obligaciones exigibles entre el Estado y los accionistas privados.
El fallo ratificó que la expropiación de 2012 fue un acto de derecho público regido por la Ley General de Expropiaciones, la cual desplaza cualquier pretensión contractual previa. De este modo, la Justicia estadounidense concluyó que los accionistas minoritarios no tenían derecho a exigir una oferta pública de adquisición (OPA) tras la nacionalización de las acciones de Repsol, rechazando también la figura del promissory estoppel (impedimento promisorio) que buscaban aplicar los demandantes.
Este escenario contrastó con el voto en disidencia del juez José Cabranes, quien consideró que los estatutos sí constituían un compromiso contractual y que el incumplimiento del Estado argentino de realizar una oferta de compra al resto de los socios debía ser indemnizado. Sin embargo, la prevalencia de la postura mayoritaria permitió que la Argentina evitara un desembolso que, sumado a los intereses acumulados desde septiembre de 2023, ya superaba los 18.000 millones de dólares.
Quién es Robert Giuffra: de la Casa Blanca a la defensa de Trump
Robert Joseph Giuffra Jr. no es un recién llegado a los círculos de poder de Washington y Nueva York. Su trayectoria profesional combina la representación de corporaciones globales con roles clave en la administración pública. Antes de convertirse en el rostro de la defensa argentina en el caso YPF, Giuffra ya contaba con experiencia en la Casa Blanca, habiendo servido como asistente durante la presidencia de Ronald Reagan. Además, fue asesor principal del Comité de Banca del Senado y miembro de la Comisión de Ética del Estado de Nueva York.
Su vínculo con la política estadounidense se mantiene vigente. Giuffra formó parte del equipo legal encargado de la defensa de Donald Trump en el mediático caso penal que lo enfrentó a la actriz Stormy Daniels. Su estudio, Sullivan & Cromwell, es uno de los más influyentes de Wall Street y ha representado a gigantes de la industria automotriz como Volkswagen, Audi y Fiat, además de empresas vinculadas al grupo Techint, como Tenaris.
La relación de Sullivan & Cromwell con Argentina
La contratación de Giuffra y su bufete no es nueva para el Estado argentino. El estudio tiene un largo historial de defensa del país ante el Distrito Sur de Nueva York, el mismo juzgado que durante décadas tramitó las causas por los defaults de 2001 y las expropiaciones de la era kirchnerista.
Uno de los mayores éxitos previos de Giuffra para la Argentina fue en el litigio por el Cupón PBI. En esa causa, se acusaba al país de manipular los datos del Indec correspondientes al crecimiento económico de 2013 para evitar el pago de intereses a los tenedores de bonos. En enero de 2020, Giuffra logró que el tribunal desestimara el primer caso presentado, lo que consolidó la confianza de las sucesivas administraciones argentinas en su gestión.
Bajo la gestión de Alberto Fernández, la República ratificó el contrato con Sullivan & Cromwell para enfrentar la etapa final del juicio por la estatización de YPF. A pesar de que los honorarios del estudio —que según registros de 2024 pueden alcanzar los USD 1.800 por hora para el socio principal— han sido objeto de análisis mediático, fuentes del sector legal coinciden en que dichas cifras se encuentran dentro de los valores de mercado para los bufetes de élite en Nueva York.
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