En medio del proceso de reestructuración del Estado y estabilización de las cuentas públicas, el Gobierno nacional cerró el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que tenía como objetivo la promoción de la ganadería ovina y de un desarrollo sostenible en la producción.
La medida fue oficializada a través de la resolución 650/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Sin embargo, horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la decisión a través de su cuenta de X.
“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)”, aseguró y precisó que “este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia”. “Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, cierra el mensaje.
La resolución establece la revocación del contrato de fideicomiso y la transferencia de las acreencias, bienes, derechos y juicios que tuviese el FRAO. Esto último se instrumentará a través de un acta a ser suscripta entre la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina dentro de los próximos 90 días corridos, a partir de hoy.
Por otro lado, las sumas líquidas que disponga el fondo deberán ser depositadas en los próximos cinco días hábiles desde la instrumentación de la transferencia en dicha entidad bancaria.
En línea con lo dispuesto por el Ejecutivo, la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial a través de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será la encargada de la administración y cobranza de la cartera de créditos que no se encuentren en mora o con incumplimientos que posibiliten la constitución en mora y de que estos sean transferidos al Estado nacional conforme lo establece la normativa. “Asimismo, deberá encargarse de la liquidación de los bienes que se transfieran en cumplimiento de la presente medida y de la constitución en mora de los créditos que se encuentren con condiciones incumplidas, en un plazo de noventa (90) días hábiles”, indica la resolución.
El FRAO se creó tras la sanción de la ley 25.422, que tenía como objetivo la recuperación de la ganadería ovina. Esta legislación fue sancionada en 2001 y la reglamentación fue aprobada en 2002. El fondo tenía como fin fomentar la ganadería ovina y promover el desarrollo sostenido de la producción, transformación y comercialización de la actividad y sus productos derivados.
En su considerando, el Ejecutivo alegó que, conforme lo establece el contrato de creación del fideicomiso, corresponde avanzar a su cierre si “no se encuentran presentes las condiciones que se tuvieron en cuenta para su creación”.
Esta medida es solamente una parte del proceso de estabilización de las cuentas públicas. De hecho, la eliminación de varios de estos fondos fue uno de los principales puntos de conflicto en el Congreso cuando se trató por primera vez la Ley Ómnibus.
Meses atrás, Milei se refirió a estos fondos como “cajas negras de la política” y manifestó estar decidido a cerrarlos. “Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso”, dijo en un diálogo con LN+.
En este contexto, referentes de los sectores rurales del país defendieron ante el Gobierno nacional el fondo al expresar su preocupación por el desfinanciamiento de la Ley Ovina. “Hoy estamos ante un serio riesgo que es el desfinanciamiento de esta ley. Por cuestiones que a veces exceden al pensamiento de un productor agropecuario, la herramienta que se eligió fue la de un fondo fiduciario y ahora estamos viendo que está siendo observado este mecanismo para poder financiar la ley”, dijo en mayo el representante de sociedades rurales de Santa Cruz, César Guatti, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral. Meses después, el Gobierno oficializó el cierre del fondo a través de una publicación en el Boletín Oficial.
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