
Si bien el pasado viernes el presidente Javier Milei había puesto en duda el pago de un nuevo bono a jubilados y pensionados, la decisión de entregar la asistencia fue oficializada este lunes.
El jefe de Estado había supeditado el pago del bono a “los números fiscales”. “No vamos a engañar y mentirle a la gente dándole cosas que no hay”, había manifestado. Sin embargo, a través del Decreto 552/2024, el Gobierno confirmó el otorgamiento de un “bono extraordinario previsional por un monto máximo de $70.000″ a jubilados y pensionados, que se abonará en el mes de julio de 2024″.
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Se sumará al aumento que dispuso la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) del 4,2% en sintonía con el último dato de inflación. De esta forma, en julio 2024, los haberes mínimos aumentarán de $206.931 a aproximadamente $215.600, más el mencionado bono de $70,000, resultando en un total de $285.600. El haber máximo subirá de $1.392.450 a una cifra cercana a $1.450.900. Este reajuste alcanzará a todos los ingresos del régimen general y a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.
Durante los primeros siete meses del año, los haberes previsionales (excluyendo bonos y adicionales) habrán experimentado un aumento acumulado del 104%. En marzo, el incremento fue del 27,18% debido a la fórmula establecida por la ley 27.609, vigente desde 2021. A partir de abril, comenzaron a aplicarse los cambios introducidos por decreto: ese mes, los haberes aumentaron un 27,4%, en mayo un 11,01%, y en junio un 8,83%. Desde abril, los aumentos se realizan mensualmente y están ajustados por inflación, además de incluir un 12,5% adicional en concepto de “incremento extraordinario”.
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En el decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono en cuestión.
La asistencia que se otorga por el presente decreto “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.
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El Poder Ejecutivo justificó los aumentos “con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra.
Detalles de los haberes en julio 2024:
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- Haber mínimo: $215.600 (sin bono) / $285.600 (con bono de $70,000)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $172.480 (equivalente al 80% del haber mínimo)
- Haber máximo: $1.450.900

De cuánto es la Canasta Básica para un jubilado
La canasta básica de un jubilado en Argentina se calcula para cubrir los gastos esenciales, aunque la información específica sobre su valor exacto no fue detallada en los datos proporcionados. No obstante, el ajuste de las jubilaciones y el bono adicional buscan asegurar que los ingresos de los jubilados se acerquen más a los costos reales de vida. Aunque siguen lejos de ello.
La Canasta Básica de los Jubilados, elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, alcanzó un valor de $685.041 en la última medición, que data de marzo. Ese valor escaló en los últimos 12 meses un 239% (marzo/23 vs. marzo/24), por encima del nivel de inflación general para el mismo mes, que fue del 287,9%. Desde entonces, los precios no han hecho más que subir.
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Cómo es la fórmula de movilidad que se discute en el Congreso
Según el proyecto que tiene media sanción en Diputados, el haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.
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