El rechazo del Senado al DNU 70/23 encendió alarmas en el sistema de salud por la posibilidad, aún pendiente de lo que ocurra en Diputados, de que se interrumpa el proceso de desregulación y recomposición establecido por la norma. En ese sentido, el director general de OSDE, Luis Fontana, puso en duda la viabilidad del sistema si hubiese una derogación de esa disposición.
“Nuestra preocupación por una eventual caída del DNU se base en que se interrumpiría el lento y progresivo trabajo de recuperar honorarios médicos, los valores sanatoriales y el servicios para sus socios. Este camino emprendido tras la publicación del decreto, de no seguir, pondría en riesgo el sostenimiento y la sustentabilidad del sistema”, señaló Fontana.
“Muchos profesionales tendrían que dejar sus consultorios y habrá entidades que no podrán pagar sus sueldos”, anticipó.
El ejecutivo explicó que entiende “el esfuerzo económico que deben afrontar sus afiliados, de hecho la empresa preferiría no aumentar sus cuotas”. A la vez, sostuvo que “de caerse el DNU, corre un serio riesgo el sistema de salud”.
Fontana aseguró que durante 2023 “el valor acumulado de las cuotas se ubicó muy por debajo de la inflación general y de los aumentos de los medicamentos e insumos necesarios para la práctica médica”.
A través de los decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024, el Gobierno nacional reglamentó del DNU 70/23 con el objetivo de dar libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas. La iniciativa cambia una antigua norma que regía en el sistema de cobertura de salud en Argentina, la que obligaba a los trabajadores a permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.
Los beneficiarios podrán elegir libremente la obra social o prepaga que consideren conveniente para su cobertura de salud y no tendrán la obligación de permanecer un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo. El Gobierno busca que el dinero que hoy reciben obras sociales sindicales que actúan de “intermediarias” pase a “pertenecer a los aportantes” en beneficio de la cuota que pagan. También, que esas entidades sindicales compitan con las prepagas.
Los cambios en el sistema de atención de salud afectan a 14 millones de trabajadores. Abarcan a los que están en relación de dependencia en el sector público y privado, los sindicalizados, los monotributistas, las empleadas domésticas y los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado sistema general.
Con los cambios implementados, la Superintendencia de Servicios de Salud no tendrá competencia para establecer los precios de las cuotas de las compañías de medicina prepaga. A la vez, la reglamentación las obliga a aportar al Fondo Solidario de Redistribución el 20% del total de la cuota que reciben de sus afiliados.
Asimismo, no se establecerán tarifas mínimas obligatorias para los servicios ofrecidos por instituciones sanitarias públicas y privadas, y no habrá intervención en los acuerdos contractuales entre las empresas de medicina prepaga y sus proveedores de servicios.
Ante este escenario, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la UAS, la Unión Argentina de Salud, había explicado en una entrevista con Infobae que si bien comparte el espíritu desregulador de la norma orientado a la libre elección, el Fondo Solidario mencionado resulta un escollo para la actividad.
“Adhiero completamente a la idea del Gobierno de que la gente pueda elegir la derivación de sus aportes. El mercado está desregulado desde Menem, pero con las obras sociales en el medio, que nos contratan. Esa intermediación es la que quiere eliminar Milei, algo que coincide con las ideas de la libertad. Ahora, de ahí a lo que salió escrito, la situación es absolutamente diferente. La desregulación de Milei es buena, la idea general, pero crearon un nuevo impuesto que hace directamente inviables a las prepagas”, expresó el empresario de la salud.
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