
A principios de la década del ‘70 Tierra del Fuego (que entonces era solo territorio nacional) tenía tan solo 13.000 habitantes, la industria representaba tan solo el 9% de la economía y la actividad productiva anual estaba por debajo de los 7 millones de dólares. Hoy, a 50 años de la sanción de la Ley 19.640, es una provincia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) con 190.000 habitantes, una industria que representa el 29% de la economía, un PBI que supera los 3.300 millones de dólares anuales y es la provincia con más empleo industrial del país.
Todos estos logros se deben a la sanción de la Ley 19.640 que creó el régimen especial de Tierra del Fuego, que otorga beneficios impositivos a todos los sectores de la economía y a todos los habitantes de la provincia. Además, se creó el subrégimen industrial que integra a la industria manufacturera que incluye a la electrónica, la textil, la plástica, la metalmecánica, la pesquera y otras. Hoy, la industria manufacturera es el principal empleador de la provincia (con un 19,6% del total), por encima del empleo público (18,6%). Emplea a 11.000 trabajadores de manera directa y a 9.000 de manera indirecta.
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Las empresas amparadas por el subrégimen industrial deben cumplir con estrictos procesos productivos para acreditar origen y solo pueden fabricar y vender al resto del país mediante la autorización de la Secretaría de Industria de la Nación y las autoridades provinciales.
La electrónica es el sector más importante dentro de la industria manufacturera. Tiene 8.500 empleos directos y 7.000 indirectos. Posee cerca de 20 plantas productivas, más de 40 líneas de inserción automática de fabricación de placas electrónicas, una capacidad instalada de más de 22 millones de unidades anuales, ingenieros y operarios de alta calificación, certificaciones, auditorías de marcas internacionales como Samsung, Motorola, LG, Philips, TCL y otras y está fabricando localmente con estándares de calidad internacional. Pero por sobre todas las cosas, la industria electrónica tiene una gran capacidad industrial y una versatilidad que permitirían fabricar otros productos y que hicieron posible que en sus plantas se fabricaran respiradores en plena pandemia.
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Hoy la electrónica fueguina agrega valor en sus plantas industriales, realizando la integración de componentes y el proceso final de fabricación de sus productos y provee el 98% de de celulares, televisores, acondicionadores de aire, microondas que se venden en el mercado interno argentino. Pero además, fabrica electrónica autopartista. Así, 7 de las 11 terminales automotrices locales utilizan insumos industriales fueguinos y el 83% de los autos que se exportan tienen componentes que provienen de Tierra del Fuego.
Ese es el presente de la industria fueguina. Pero el sector ya está trabajando para el futuro. La industria está comprometida con contribuir a un cambio en la estructura productiva de la provincia. Con la última prórroga del subrégimen industrial que se realizó en 2021 (a través de los decretos 725 y 727) se dispuso la creación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP–Fueguina).
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Se trata de un fondo al que las empresas ya están aportando un porcentaje de la facturación y que es administrado por el Estado. El fondo –que sumará unos 100 millones de dólares anuales– tiene la finalidad de financiar mejoras en la infraestructura que ayuden a la competitividad general de la provincia y, por otro lado, fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos destinados a ampliar la matriz de Tierra del Fuego a sectores.
Así, las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) presentaron proyectos para diversificar sus negocios principales con propuestas –que no estarán amparadas por el subrégimen– tan variadas como la construcción del puerto de Río Grande; la creación de una línea de transporte marítimo; el desarrollo de la actividad agrícola en una provincia con escasa agricultura; el turismo; la economía del conocimiento y otros. Las empresas ya están invirtiendo en ellos y algunos ya están en marcha.
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Pensar en una Tierra del Fuego sin subrégimen industrial no generaría un ahorro fiscal significativo, porque lo que actualmente se considera ‘costo fiscal’ es una estimación contrafáctica: no es un desembolso del Estado, es un ingreso no percibido. No tener industria en Tierra del Fuego es poner en riesgo a 20.000 familias, es someter a la provincia a dejar de recaudar cerca de 110 millones de dólares anuales en tasas e impuestos, es obligar al Estado Nacional a destinar más reservas para pagar productos importados y es someter al consumidor a pagar mayores precios para adquirir sus productos. Además, la cuestión geopolítica no es un tema menor. Se trata de nna provincia de localización estratégica para todo el mundo y debe ponerse más que nunca en valor.
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