
La Secretaría de Comercio pasó a ser un desfiladero permanente de empresarios de consumo masivo. ¿El motivo? La inflación. Aunque la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda reconoce -y hasta públicamente- que los controles de precios no sirven para atacar este problema, que adjudican a la inestabilidad macroeconómica, la falta de resultados rápidos de las medidas fiscales y monetarias, y la necesidad política de mostrar acción hace que la convocatoria a las compañías para avanzar en algún tipo de acuerdo de precios se haya vuelto moneda corriente.
Las firmas de consumo masivo acaban de firmar la nueva etapa del programa Precios Cuidados y días atrás empezaron a ser nuevamente solicitadas para pedirles colaboración en el armado de una nueva canasta de productos, que estarán congelados durante el verano y que, según la intención oficial, tendrían el precio impreso en la etiqueta. Los encuentros, que en este caso lideró el secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzaron la semana pasada, siguieron entre lunes y martes, y continuarán durante los próximos días. El objetivo es, como ya trascendió, que cada firma proponga un listado de productos para mantener fijo su precio por tres o cuatro meses y, a cambio, podría recibir algún beneficio. El listado, según la intención oficial, es alcanzar los 1.200 a 1.500 artículos, pero la negociación recién arranca, y el final es incierto.
Pero no está claro qué podría ofrecerle el Gobierno a las empresas a cambio de que congelen los precios de una nueva canasta de productos, en el actual contexto inflacionario y con la plena vigencia de Precios Cuidados. Si bien fuentes de algunas empresas precisaron que durante la reunión con Tombolini se les dijo que una opción podría ser analizar algún tipo de cambio diferencial para las exportaciones -lo que en los medios se reflejó como “dólar góndola”-, fuentes de la Secretaría, en diálogo con Infobae, rechazaron de cuajo esta posibilidad. Al menos como una medida general para todas las que adhieran al nuevo programa. De todas formas, al mismo tiempo que las fuentes negaban esta opción, Tombolini se lo daba como alternativa a una gran empresa citada ayer por la tarde.

“Estamos intentando buscar posibles incentivos; podría ser algo impositivo, o vinculado con el sistema de importaciones. Serán trajes a medida. Por eso necesitamos hablar con las empresas. Pero descartamos un dólar diferencial”, dijeron desde Comercio, al tiempo que insistieron en que el acuerdo será voluntario. “No sabemos cómo, pero creemos que este plan puede salir”, agregaron cerca del secretario.
La decisión de que el precio de los productos estén impresos en la etiqueta fue ampliamente rechazada desde el arco empresario, no sólo por el hecho de que hoy resulta inviable congelar precios por tres meses con un nivel de inflación del 6 a 7% mensual, sino también porque es un proceso cuya implementación demanda varios meses y el Gobierno quiere lanzarlo, a más tardar, en un mes.
“Le dijimos que eso era una complejidad, sobre todo si lo quieren hacer rápido. Le contamos la experiencia con el programa Súper Cerca, de la gestión de Paula Español, en la que tardamos tres meses en poder lanzar los productos con la etiqueta, y eran apenas 70 artículos. Si quieren hacer algo más grande, es difícil”, dijeron en una de las empresas que ya asistió al encuentro con Comercio. Además, explicó que primero tienen que agotarse los stocks de etiquetas vigentes y luego mandar a probar las nuevas, que podrá hacerse una vez que esté acordada la nueva canasta con el Gobierno. Ese proceso puede demorar entre dos y cuatro meses, advirtieron desde las compañías. En otra empresa agregaron que tampoco es fácil lograr su cumplimiento; de hecho, ha habido experiencias en las que los comerciantes de proximidad tachan el precio impreso y lo venden a otro valor.
Desde el Gobierno transmitieron que Massa les encomendó trabajar en esta línea, pese a las dificultades de implementación, pero al mismo tiempo afirmaron que podría avanzarse por etapas, por ejemplo, primero con los artículos que tengan más rotación y luego ir incorporando el resto. Según las fuentes oficiales, el reclamo por parte de las compañías es más bien logístico y sobre eso se está trabajando. Podría haber otras instancias de comunicación, como esquinas de góndolas con los precios, por ejemplo.
¿Comercios de proximidad o supermercados?
El objetivo del Gobierno es que esta nueva canasta que se preparan para armar durante lo que queda de octubre y noviembre pueda comercializarse tanto en comercios de proximidad -como fue Súper Cerca, que igualmente casi no tuvo vigencia- como en las grandes cadenas, donde conviviría con “Precios cuidados”. En el canal moderno siempre es más sencillo, ya que son las propias empresas las que le venden a las cadenas. Pero en el caso de los negocios de cercanía, salvo algunas compañías que comercializan directo, normalmente la venta se realiza a través de los mayoristas. Por lo tanto, este canal deberá ser parte de la negociación, lo mismo que los comerciantes de origen asiático y los almaceneros. Sin acuerdo de precios diferenciados, con los respectivos márgenes de cada eslabón de la cadena previamente acordados, no hay éxito posible. Y ni siquiera así está garantizado su cumplimiento porque son tantos los puntos de venta que existen en el país que su control se vuelve imposible.
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