
El Gobierno tiene en la mesa como posibilidad ofrecer a los inversores una nueva operación de canje de bonos en pesos para despejar los vencimientos de deuda en moneda local de los últimos dos meses del año. Hace poco más de un mes, a través de una conversión similar, el Ministerio de Economía había reducido el 85% de las obligaciones de pago hasta fines de octubre.
Según aseguraron fuentes oficiales a Infobae, el éxito de ese primer intento ante el mercado para aplanar la montaña de vencimientos de títulos públicos del Tesoro en pesos, que para algunos bonos terminó con un nivel de aceptación del canje casi total, hizo en algunos despachos oficiales evaluar una segunda operación de este tipo para el calendario de vencimientos del último bimestre.
Sería, a priori, una conversión menos relevante que la que tuvo lugar en los primeros días de mandato de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. En esa ocasión, la Secretaría de Finanzas que encabeza Eduardo Setti pasó de tener que afrontar pagos por más de 2,4 billones de pesos entre agosto, septiembre y octubre a apenas $365.000 millones. De acuerdo a estimaciones de la consultora Equilibra, para los últimos dos meses la exigencia financiera asciende a poco más de 1,6 billones de pesos, que son a los que apuntaría ahora el equipo económico.
Solo con lograr un resultado similar en una eventual operación de canje, esos 1,6 billones de pesos podrían pasar a ser $240.000 millones. No está definido entre los funcionarios que evalúan esta opción qué tipo de instrumentos podrían ofrecer a los inversores, más allá de que fuentes del mercado hablaban en los últimos días de nuevos bonos duales, que protegen a los tenedores tanto de la variación de precios como de una devaluación.

En ese primer canje del 9 de agosto, Finanzas había ofrecido a todos aquellos tenedores de deuda en pesos con vencimiento en agosto, septiembre y octubre de este año cambiar sus títulos por un bono dual, que puede cobrarse ajustando tanto por la inflación (CER) como por el tipo de cambio, y que tienen vencimiento entre junio y septiembre de 2023.
En los despachos oficiales aseguraron que el resultado del canje en ese momento fue más alto de lo que esperaban, algo que tradujeron como una suerte de “respaldo” del mercado al recambio en la conducción de la política económica del Poder Ejecutivo. “Hubo un cambio de expectativas y eso es muy importante”, mencionaban cerca de Massa.
El éxito que tenga el Gobierno para conseguir fondeo en el mercado de capitales marcará la posibilidad de cumplir con el recorte de gasto necesario para ajustarse a la meta fiscal de 2,5% acordada con el FMI. Es, a fin de cuentas, la canilla de financiamiento que le restará al Poder Ejecutivo al haber cortado por decisión de Massa la vía de adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro.
Al mirar el panorama más amplio, la hoja de ruta financiera del 2023 muestra que habrá un perfil de vencimientos de bonos y letras en pesos de 6,7 billones. Pero la particularidad es que el 97% de ese monto cae hasta septiembre. La traducción que hacen en el mercado es que aún es difícil encontrar inversores dispuestos a apostar más allá de las elecciones primarias de agosto.
Por lo pronto, el equipo de Finanzas prepara una nueva licitación de bonos para este viernes. Tocará cubrir vencimientos por un monto levemente mayor a los 90.000 millones de pesos, el próximo 20 de septiembre y que corresponden a una bono atado al índice CER. El último día del mes, en tanto, habrá obligaciones de pago por otros $100.000 millones de una letra del Tesoro a descuento. Es un monto mucho menor al que había en el calendario de pagos antes del primer canje. Hasta ese momento septiembre exigía 1,1 billones de pesos.
En paralelo, el Gobierno busca continuar el camino de ordenamiento fiscal y desaceleración de la velocidad del gasto publico, un camino que Sergio Massa consideró necesario para poder cumplir con la meta de reducción del déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional. Ese objetivo fiscal fue ratificado este lunes tras la reunión entre el ministro de Economía y la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva en la que también anticipó que no habrá cambios en el 1,9% del PBI de techo de rojo primario para 2023.

De acuerdo a un relevamiento hecho por la consultora Analytica con datos de los primeros días de septiembre, “en la primera semana del mes, el gasto primario real cayó 8% respecto de igual semana de agosto, y 22,5% respecto de un año atrás. El recorte abarca casi todas las partidas, excepto los subsidios económicos, que muestran un crecimiento dada la base de comparación”.
En relación con la primera semana de agosto, la cuenta de subsidios económicos creció en los primeros días de septiembre un 38,9%, mientras que la de obra pública cayó 29,8%, según Analytica. Con el mismo criterio, los fondos para programas sociales fueron 25,4% menores a un mes atrás y las transferencias a provincias, un 41,1 por ciento.
La semana pasada, el Gobierno realizó una nueva poda presupuestaria de unos $10.000 millones, una cuantía mucho menor al primer guadañazo cercano a los $128.000 millones que hizo Massa desde su llegada, con la lógica de que los fondos que algunas áreas del Estado no llegaran a ejecutar en lo que reste del año, vuelvan al Tesoro y que Hacienda pueda disponer de ese presupuesto ya sea para ahorro o para destinarlo a otros gastos.
A priori, el Poder Ejecutivo estima que debería corregir un “desvío” de unos 0,7 puntos del PBI respecto a la meta acordada con el FMI, para lo cual necesitaría unos $500.000 millones de ajuste. Ese objetivo no solo podría lograrse con menos gastos sino con ingresos adicionales. En ese sentido actúa, por ejemplo, el esquema de dólar soja: la consultora PxQ estima que solo por la primera semana de vigencia de ese sistema, el fisco recaudó $110.000 millones.
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