La Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que la gestión de la deuda pública durante los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri no fue “eficiente” ni dejó atrás el problema del cortoplacismo de los pasivos soberanos, entre otras conclusiones.
Según informó, “la Comisión de Supervisión de Control de la Deuda Pública de la AGN, presidida por el auditor general Francisco Javier Fernández, realizó una auditoria especializada sobre las actividades de gestión del flujo de caja y su impacto en los riesgos financieros que fueran generados en la estructura de endeudamiento de corto plazo de la Administración Nacional entre los años 2016 y 2018.
En este sentido, concluyó que aumentó el riesgo crediticio y el gobierno de Mauricio Macri “no fue eficiente al transformar deuda de corto plazo, en deuda estructural”.
Según informó la AGN, “el colegio de auditores sesionó este miércoles 11 de mayo en el Salón Eva Perón de la SEDE de la AGN. Participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva”. Si bien la preside el radical Rodríguez el organismo tiene mayoría que responde al oficialismo.
En este encuentro, “el informe de la AGN fue aprobado por unanimidad. El Auditor Fernández presentó un video a modo de resumen con los principales hallazgos y luego resaltó las detecciones de varias cuestiones que muestran un creciente nivel de fragilidad en la administración financiera de corto plazo en el período auditado”.
Como conclusión de la auditoría especializada, el auditor señaló que: “A lo largo del período 2016-2018, el Tesoro efectuó una gestión de caja no alcanzó los estándares de eficiencia en la mayoría de los criterios utilizados por las buenas prácticas recomendadas por el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (Fotegal)”. Al respecto, consideró que “hubo una creciente utilización de letras extra periódicas, extendiendo el plazo de instrumentos utilizados”.
También, expresó, se “generó aumento del financiamiento de corto plazo en moneda extranjera, aumento de las tasas de interés pagadas, tanto en pesos como en dólares y aumento del riesgo de liquidez, básicamente en relación a los ingresos primarios”.
A su vez, hubo un “aumento del riesgo de mercado como resultado de una mayor validación de costos financieros en las emisiones” y un “aumento del riesgo de renovación, como resultado del aumento del stock de deuda de corto plazo, tanto en pesos como en dólares”.
También se registró un “aumento del riesgo crediticio y por tanto mayor riesgo de reputación medido por el Riesgo País, que aumentó un 58% en el año 2018″.
Por estas razones, “el informé concluyó que la gestión no fue eficiente al transformar deuda de corto plazo, en deuda estructural. Todas estas recomendaciones fueron enviadas al auditado”.
El período analizado comprende el inicio del gobierno de Macri, cuando el país salió del default generado por el juicio que recibió una sentencia desfavorable en la justicia de Estados Unidos en 2014, a partir del acuerdo alcanzado con la mayoría de los bonistas. Luego de un período de recuperación y tranquilidad financiera, el gobierno de Cambiemos comenzó a detectar que se le cerraba el acceso al mercado de deuda voluntaria y pidió en 2018 un crédito de acceso excepcional al Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue reforzado ese mismo año, por un total de USD 57.000 millones.
Dado que el programa quedó suspendido luego de las elecciones legislativas de agosto de 2019 y finalizado por el nuevo gobierno que asumió en diciembre de ese año, los desembolsos llegaron a USD 45.000 mil millones, que este año comenzaron a ser refinanciados por el nuevo programa acordado por el país con el organismo de crédito multilateral.
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