La Construcción acusa de “golpe bajo” al gobierno porteño por la suspensión de obras grandes en CABA

Las cámaras empresarias y la UOCRA alegan que el sector no usa transporte público, cumple protocolos, tuvo pocos contagios y recuperó sólo 40% de los empleos perdidos en la cuarentena 2020. Suspensión y blanqueo

La mayor parte de las tareas es a cielo abierto o en lugares techados pero abiertos, dicen desde la Construcción (Reuters)
La mayor parte de las tareas es a cielo abierto o en lugares techados pero abiertos, dicen desde la Construcción (Reuters)

La decisión del gobierno porteño de suspender la ejecución de obras de construcción de más de 2.500 metros cuadrados para contener el aumento de contagios de coronavirus fue duramente criticada por el sector de la Construcción.

Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló a Infobae que la medida dispuesta por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es un “golpe bajo” a la actividad del sector en el AMBA, que durante la cuarentena 2020, entre marzo y septiembre, perdió 20.000 puestos de trabajo, de los cuales luego recuperó solo 8.000, y tuvo a nivel nacional bajos índices de contagios, la mayoría de ellos en ámbitos fuera de obra.

También del lado sindical criticaron la media de Larreta. En un comunicado titulado “Las obras no contagian”, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) instó “a las autoridades porteñas a que la restricción sea transitoria y de muy corto plazo, atendiendo a la necesidad de trabajadoras y trabajadores de nuestra actividad que se verán seriamente afectados en su continuidad laboral y sus salarios producto de esta medida”.

“No existe dilema entre el cuidado de la salud de nuestros trabajadores y el mantenimiento del trabajo y el desarrollo productivo de nuestra actividad, ya que junto con la Cámara Argentina de la Construcción fuimos el primer sector en elaborar de manera conjunta exitosos protocolos de salud, cuidado y seguridad laboral atendiendo la emergencia del COVID 19. Dichos protocolos se han actualizado de manera permanente”, dice el comunicado que concluye insistiendo “en la necesidad de que las autoridades del Gobierno porteño, consideren la necesidad de revisar los plazos y alcances de esta medida”

Además, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la Argentina (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que nuclean a unas 150 empresas, emitieron un comunicado solicitando al gobierno porteño que reconsidere la medida “lo antes posible”.

“Desde que se reactivaron las obras en 2020, nuestras empresas adoptaron los protocolos necesarios para cumplir con todos los cuidados que el contexto de pandemia requiere y desde entonces los han cumplido estrictamente”, dice el texto suscripto por ambas entidades, que enfatiza además que “el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las propias empresas y no hace uso del transporte público”, argumento que también señaló Szczech.

“El perjuicio que esta medida genera es mayúsculo y nuestras empresas ya no están en condiciones de afrontarlo”, dijo Damián Tabakman, presidente de CEDU, quien agregó que “sin desconocer la gravedad de la situación sanitaria, entendemos que extremando los cuidados deberíamos poder continuar con los trabajos lo antes posible”.

En tanto, Carlos Spina, titular de AEV, consideró que la disposición del gobierno porteño “no es apropiada pues justamente las obras grandes son las que, con total seguridad, no utilizan transporte público, tienen estrictos protocolos de ingreso, turnos, vestuarios y comedores gracias a lo cual, con los extra costos que ello implica, ha hecho que los contagios en obra sean menores a cualquier otra actividad. Amén de ser las más fáciles de auditar”.

Trabajadores de la construcción en Buenos Aires, Argentina. Foto de archivo Sep 5 2018. REUTERS/Marcos Brindicci
Trabajadores de la construcción en Buenos Aires, Argentina. Foto de archivo Sep 5 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Autonomía sin recursos

Szczech enfatizó que la medida tendrá “un impacto muy grande y el gobierno porteño la tomó “en virtud e una autonomía que no está respaldada en recursos: “el lunes el problema que vamos a tener es quién paga y quién sufre las consecuencias de la imposibilidad de trabajar en esas obras”.

Además, acusó a la gestión de Rodríguez Larreta de no aplicar al sector la misma lógica que aplica a las escuelas. En la construcción se siguen estrictos protocolos, incluido el transporte del personal, gran parte de las tareas son a cielo abierto o en espacios techados pero abiertos y los contagios son muy pocos, y la mayoría de ellos fuera de los lugares de trabajo e incluso en “puerta de vehículo”, cuando se realizan los testeos, antes de que el personal aborde el transporte que lo llevará al lugar de trabajo. “”No merecemos esta medida, que no tiene ningún correlato con los contagios”, dijo Szczech.

El lunes el problema que vamos a tener es quién paga y quién sufre las consecuencias de la imposibilidad de trabajar en esas obras (Iván Szczech)

El comunicado de los desarrolladores urbanos y la asociación de empresarios de vivienda es un poco más suave. “Sabemos que ante la gravedad de la situación sanitaria, urge reducir la circulación en la ciudad, incluso para permitir que algunas actividades esenciales e imprescindibles, como por ejemplo la educación de los más pequeños, puedan continuar. Sin embargo, pretendemos que el Gobierno de la Ciudad rehabilite todas las obras lo más pronto que la situación sanitaria lo permita, sobre todo a aquellas que acrediten tener medios propios para el desplazamiento de sus operarios”, dice el comunicado conjunto de esas dos entidades, que también destacaron la realización “testeos continuos al personal” y el cumplimiento de los protocolos de prevención.

Otra de las preocupaciones del sector es que la suspensión de obras de más de 2.500 metros cuadrados conspire contra el éxito del blanqueo dispuesto por el gobierno nacional para estimular la actividad de la Construcción, por lo que pedirán que la AFIP prorrogue la fecha de la primera etapa de adhesión al blanqueo, inicialmente programada para el 10 de mayo, cuya reglamentación terminó la AFIP el martes pasado, tres días antes del anuncio de las nuevas restricciones.

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