El Gobierno creará un sistema de monitoreo de precios y stocks que alcanzará a casi 1000 empresas grandes en distintos rubros y que tendrá como objetivo, según aseguran fuentes oficiales, “tener alertas tempranas” ante casos de posibles desabastecimiento de productos al consumidor final o de insumos.
El esquema, que fue oficializado esta medianoche en el Boletín Oficial llevará como nombre Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) y dependerá de la Secretaría de Comercio. A grandes rasgos, el Sipre exigirá a un grupo de empresas consideradas “grandes” según su nivel de facturación anual, que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
Con esta información, que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron que tendrán carácter “reservada y confidencial” y que las empresas deberán girar a Comercio Interior bajo declaración jurada, el Poder Ejecutivo cree que podría llevar adelante, eventualmente, “acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez de oferta de insumos y bienes finales”.
El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año.
Así, quedarán incluidas empresas del sector comercio que facturen desde 216 millones de pesos por mes ($2.602 millones anuales), 215 millones de pesos para las dedicadas a la actividad industrial ($2.540 millones por año) y de 80 millones de pesos para las del rubro constructor, lo que implicaría unos $965 millones anuales.
Si bien no está establecido en el decreto publicado este miércoles, el Gobierno reglamentará en los próximos días sobre qué tipo de productos se incorpora este nuevo sistema de control. De todas formas, adelantaron desde la cartera productiva, en la lista estarán productos e insumos de cadenas de valor consideradas actualmente como “críticas”: alimentos, bebidas, limpieza, construcción, electrónica, electrodomésticos y ciertos productos químicos, que los funcionarios identifican “con mayores tensiones de precios”.
La elección de ese catálogo no es casualidad. Responde a las mesas de diálogo de precios y salarios que fueron conformadas por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, salvo la de bienes electrónicos que tendrá su primer encuentro en los próximos días.
El caso de los alimentos es el más visible. La inflación del sector sigue por encima del promedio en los índices de precios y a principio de año el Gobierno había detectado algunos faltantes en las góndolas (como en el caso del aceite) por lo que decidió imputar a once compañías de consumo masivo, a las que acusó por “retención” de producción, es decir, que no ampliaron su nivel de elaboración al máximo de su capacidad.
Para este rubro hay todavía una medida oficial que sigue generando un agua divisoria entre Comercio Interior y las compañías alimenticias. Se trata del programa de Precios Máximos, que en los próximos días cumplirá un año y que obligó a las empresas a congelar los precios de una serie de bienes de consumo masivo.
En los últimos meses el Gobierno habilitó aumentos muy puntuales y limitados para ese listado de miles de productos y deslistó otra parte de bienes que no forman parte de los artículos de primera necesidad. En los papeles, este programa -que a diferencia de Precios Cuidados no fue consensuado con el sector- tiene como fecha de finalización el 31 de marzo, pero según consideran desde Desarrollo Productivo, “no hay razón para que no continúe”.
Entre el 1° y el 10 de abril, las empresas incluidas en la primera etapa deberán presentar ante Comercio Interior los datos de stock, cantidades vendidas y precios de enero, febrero y marzo. En lo sucesivo, en los primeros diez días de cada mes tendrán que girar la información del mes inmediatamente anterior. En la cartera productiva aseguran que “son datos que las empresas ya tienen”. Ahora deberán compartirlos con el Poder Ejecutivo.
“No pedimos saber ni a quién vende, ni calcular qué margen de rentabilidad tiene cada empresa, sino conocer cómo funciona esa cadena de precios”, aseveró una fuente de Desarrollo Productivo. Actualmente ya existe para los supermercados un sistema de monitoreo similar al que se implementará el Gobierno para otros rubros de la producción.
La segunda etapa en la que terminarán de ingresar el resto de las casi mil empresas no tiene fecha aún, por lo que los primeros meses del nuevo sistema de monitoreo estará circunscripto a esos tres sectores. Quedará afuera -aunque con intenciones de incluir en el futuro- un rubro como la metalmecánica, ejemplificaron.
El sistema Sipre de información será obligatoria para las compañías que queden bajo los criterios de facturación. De lo contrario, anticipó el Gobierno, podría aplicárseles la ley de Abastecimiento a esas empresas como modo de sanción.
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