Exsecretarios de Energía piden cesar la intervención de los entes reguladores de la Electricidad y el Gas

El grupo de siete ex funcionarios del área calificó de “insólita” la reciente nulidad de las designaciones de funcionarios seleccionados por concurso. El trasfondo son las tarifas

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 Una de las primeras presentaciones del Grupo, cuando eran 8 ex secretarios del área. Actualmente son 7, debido a la muerte del ex secretario Roberto Echarte
Una de las primeras presentaciones del Grupo, cuando eran 8 ex secretarios del área. Actualmente son 7, debido a la muerte del ex secretario Roberto Echarte

A raíz de la reciente decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad” (ENRE) de anular las designaciones en ese organismo realizadas mediante concurso público en 2017, el grupo de “Exsecretarios de Energía”, compuesto por exfuncionarios del área energética, pidió el cese de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

“La intervención de los Entes Reguladores debe finalizar hoy”, dice un punto de la declaración del grupo, que afirma que “el ENRE está intervenido sin motivo y sin respetar la Ley 24.065 con funcionarios sin los antecedentes técnicos ni profesionales necesarios”. Peor aún, afirma el documento, “la intervención decide cuestionar el proceso de selección de 2017 y a sus protagonistas mediante un proceso administrativo poco serio que avanza sobre un decreto del PEN con aval legislativo para derogarlo, habiendo transcurrido un año de intervención. Es decir que, mediante una violación legal y el recurso de argumentos y datos falaces busca declarar nulo todo lo actuado conforme a ley”.

El jueves pasado, el ENRE anuló el nombramiento de dos directores, Andrés Chambouleyron y Carlos Bastos, pese a que los mismos ya habían dejado sus cargos desde el inicio del actual gobierno. Analistas consultados por Infobae explicaron entonces que la medida apuntaba, en verdad, a considerar nulas las decisiones que tomaron esos funcionarios, en particular la llamada “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) para las distribuidoras de Energía (es decir, las que proveen y facturan el servicio eléctrico a familias y empresas) establecida en la gestión de Mauricio Macri y vigente hasta fines de 2021.

El texto de los exsecretarios de Energía replica que la normalización de los Entes Reguladores realizada en 2017 fue inobjetable. “El proceso de selección de directores de los entes reguladores de electricidad y gas realizado por concurso público llevado a cabo en 2017, permitió terminar con 10 años de intervención arbitraria en los segmentos de transporte y distribución de gas natural y electricidad”, afirma.

Medidores de elecricidad. La cuestión de fondos es la fijación de las nuevas tarifas
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Aquella vez el ministerio de Energía “mediante el acto administrativo correspondiente” designó para la realización del Concurso a un comité de siete especialistas energéticos, precisamente el Grupo de Exsecretarios. El proceso de selección, sigue el documento, “se llevó a cabo según las leyes de Marco Regulatorio vigente, incluyó el llamado a concurso de oposición y antecedentes; la designación de un jurado para integrar el comité de selección junto a representantes de las cámaras de diputados y senadores y la evaluación de los postulantes mediante el análisis curricular y entrevista, proceso al cabo del cual se seleccionó una terna de finalistas, elevada al Ministerio de Energía. De esa terna, Energía seleccionó un candidato y lo elevó al Congreso para su aprobación.

Por todo eso, el grupo, compuesto por Emilio Apud, Julio César Araoz; Alberto Devoto; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, rechaza las razones de la intervención del ENRE para anular las designaciones y –por extensión- las medidas que adoptaron. “Es insólito que la intervención haya expresado como causa de nulidad de las designaciones que “el Grupo de Ex Secretarios de Energía” estaba invalidado para actuar como jurado por haber sido autores de la “Declaración de Compromiso sobre Política Energética” firmada en 2014 por el amplio espectro político democrático de nuestro país”.

Mentira pública

Según el Grupo, la intervención del ENRE, a cargo de la abogada María Soledad Manin, “cae en la mentira pública cuando afirma como causa del desconocimiento del Concurso que esa Declaración sobre buenas prácticas energéticas fue asumida por el gobierno de Cambiemos”. Según el documento, Manin “ignora” que esa Declaración fue suscripta por la mayoría de los candidatos y pre-candidatos a la Presidencia de la Nación. El grupo remarca además que el Frente Renovador, la UCR, el Partido Socialista y el GEN suscribieron el documento de “Política del Estado para la Energía” y entre los firmantes del documento recuerda el nombre de Sergio Massa, miembro de la actual coalición de Gobierno. Por todo ellos, el Grupo exige que “la intervención de los Entes Reguladores (lo que también incluye al Enargas, donde el gobierno designó a Federico Bernal, vinculado al Instituto Patria) de finalizar hoy”.

El grupo de “exsecretarios de Energía” se formó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y fue muy criticó de su política energética, la caída de producción de hidrocarburos y el déficit de la balanza comercial del sector debido al fuerte aumento de las importaciones, por caso, de GNC, mediante “buques metaneros” y el alquiler de buques de licuefacción situados en puertos de Bahía Blanca y la provincia de Santa Fe. Desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Bernal, tal vez el funcionario del área más cercano a Cristina Kirchner, los ha llamado “los especialistas dilectos del neoliberalismo energético”

Más allá de esos cruces, la intervención de los organismos reguladores, la designación al frente de la secretaría de Energía de Darío Martínez, su pase al ministerio de Economía y la anulación de la “Revisión Tributaria Integral” son vigas maestras de la política económica del gobierno y de Martín Guzmán para lograr contener la inflación en un año electoral. Según Guzmán, de aplicarse la RTE los aumentos tarifarios superarían el 100 por ciento.

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