
A poco menos de dos meses de asumir, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anticipó que planea flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos: su intención es que lleven su dinero al país vecino y que, incluso, se muden.
Hoy, diez meses después de que tomó el control del Poder Ejecutivo, la administración actual llevó adelante un paquete de medidas en donde plantea fuertes beneficios impositivos para las personas y los capitales que se quieran instalar en ese país.
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“Uruguay por distintas razones tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada, no solo de vecinos del Mercosur, sino del mundo. Y nosotros ahí tenemos algunas cosas para hacer”, aseguraba el líder del Partido Nacional. Ocho meses después de estas palabras, Uruguay bajaba drásticamente los impuestos para intentar captar fondos y talentos.
La primera de las medidas que tomó Lacalle Pou fue a través de un decreto de necesidad y urgencia en donde flexibiliza aspectos para obtener la residencia fiscal. El primero es que el monto del valor de inversión en propiedades bajó de USD 1,7 millones a USD 380.000 y el tiempo de residencia requerido bajó de 180 días a 60 en un año.
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Pero el punto más importante es que en el caso de tener una empresa que se quiera radicar, en la previa a esta modificación el interesado tenía que hacer una inversión de USD 5,3 millones y ahora la nueva cifra es de USD 1,6 millones, pero se le agrega la condición de que tiene que garantizar 15 empleos directos.
El segundo pasó llegó a través de una ley que sancionó el Congreso uruguayo a expensas de un proyecto presentado por el Ejecutivo en donde se ampliaban los incentivos tributarios para quienes obtengan la residencia fiscal uruguaya e inviertan en el vecino país. Es lo que popularmente se conoce como “vacaciones fiscales”.
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La ley sancionada consolida el beneficio ya existente en el ordenamiento tributario uruguayo para las personas físicas que adquieran la calidad de residentes a partir del ejercicio 2020 para elegir por alguna de las siguientes ventajas:
- Optar por no tributar el Impuesto a la Renta de Personas Físicas –IRPF– por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por los ejercicios fiscales de los próximos 10 (diez) años.
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- Optar por tributar el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiere la residencia fiscal, y en forma indefinida (salvo eventual cambio legislativo), a la tasa del 7% (la tasa general del IRPF para este tipo de rendimientos es del 12%).
La última modificación también llegó de la mano de un decreto. En este caso, la tercera pata del plan con el que Lacalle Pou busca atraer inversiones a Uruguay se traduce en una modificación del régimen de promoción del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, incluida la eliminación de los topes y la ampliación de los plazos para poder acceder.
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Luis Lacalle Pou decidió impulsar un nuevo régimen simplificado y reducir la carga tributaria a los nuevos capitales que ingresen al país. Así, dispuso que se libere a las empresas de hasta el 90% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Esto se traduce en una baja de 10% al 2,5% de la tasa efectiva anual a pagar. Antes de este decreto, las empresas que llegaban a Uruguay podían obtener este beneficio hasta el 80% mientras que para las ya establecidas era del 60%, según explica el diario El País de Uruguay.
Además, se extiende el plazo mínimo de acceso al beneficio de tres a cuatro años. Y, por último, el decreto de Lacalle Pou –que tiene que ser aprobado en el Congreso del vecino país– modifica el escenario para las inversiones ya instaladas y en desarrollo. Hasta ahora, señalaba que los proyectos que ya habían realizado más del 20% de la ejecución no podían acceder al beneficio. Ahora, eliminan ese porcentaje.
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Lo que viene
Pero los beneficios no son solo fiscales. O sí. En la ley de Presupuesto que están trabajando los legisladores uruguayos hay un artículo que incluye un beneficio adicional para aquellos que están pensando en mudarse al vecino país.
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Según explicó a Infobae Federico Otegui, del estudio Sasovsky Asociados Uruguay, “hasta ahora el paquete incluye la flexibilización para acceder a la residencia fiscal por inversiones y la aprobación de las vacaciones fiscales por 10 años. La novedad está en que hay un artículo en la ley de presupuesto que permite a todos los extranjeros y en particular a los migrantes del Mercosur poder entrar sus bienes muebles que formen parte de su alojamiento, incluyendo un automóvil comprado en el exterior, libre de impuestos”.
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