
Tras la designación de María Fernanda Raverta en la dirección de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), en lugar de Alejandro Vanoli, en los próximos días asumirá la dirección ejecutiva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el economista Lisandro Cleri, cercano al ministro de Economía, Martín Guzmán.
Cleri encabeza la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, creada por Guzmán para asesorarlo en el proceso de restructuración en curso y ya había trabajado en el área de operaciones del FGS durante la gestión de Diego Bossio.
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Asumirá la dirección del FGS en reemplazo de Edgardo Podjarny, quien había llegado a esa posición por elección del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni. Al igual que Moroni durante la primera etapa del kirchnerismo, Podjarny había sido Superintendente de Seguros de la Nación en el primer año del gobierno de Mauricio Macri y después se había desempeñado en Nación Bursátil, una dependencia del Banco Nación.
El FGS es la principal caja de la Anses y en tiempos normales (esto es, cuando los aportes tanto de los empleados como de los empleadores al sistema previsional se pagan regularmente) administra un flujo de fondos anual que a principios de 2020 se estimaba en cerca de 1,5 billones de pesos (en números: 1.500.000.000.000). El FGS tendría en su cartera (no hay información pública actualizada al respecto) una pequeña porción de los bonos en proceso de restructuración y una porción más importantes de los títulos bajo legislación local.
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Una caja clave
Según precisó en un reciente artículo de Infobae la especialista previsional Andrea Falcone, la posición del FGS se ha debilitado mucho en los últimos años.
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En diciembre de 2013 contaba con $244.799 millones, invertidos en títulos y obligaciones no negociables (65,1%), programas de infraestructura (13%), acciones (6,5%), depósitos a plazo fijo (6,1%) y de libre disponibilidad (9,2%). Hacia 2015 el fondo contaba con $664.029 millones, invertidos en una proporción similar. Y en septiembre de 2019, última información disponible, contaba con $1.950.000 millones invertidos “sin variaciones significativas”.

Falcone precisó que en 2013 el FGS tenía recursos suficientes para atender los pagos de los beneficiarios previsionales durante 13,8 meses. En 2015, la cobertura había aumentado a 16,3 meses y en 2019 había vuelto al nivel de 2013: 13,8 meses. Ergo, razonaba la especialista, “el FGS históricamente tiene reservas para cubrir similar cantidad de tiempo de pago de prestaciones”.
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El problema, señalaba, es que el 63,6% de su cartera está invertida en bonos del Estado que están en virtual default, “con un valor actual que ronda el 40% de su valor nominal”.
Según Falcone, “la decisión de los sucesivos gobiernos de invertir principalmente en bonos del propio Estado contradice el artículo 4 del Decreto que permite “la inversión en títulos públicos o valores de reconocida solvencia”. Por eso, decía, “su valor se encuentra prácticamente pulverizado”.
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La Anses fue afrontando en los últimos meses distintas erogaciones para afrontar el impacto económico de las decisiones sanitarias para contener la transmisión de coronavirus, entre ellas:
- Pago extraordinario de $10.000 para los trabajadores entre 18 y 65 años que no cuenten con otros ingresos. .
- Bono extraordinario de $3.000 para adultos mayores.
- Pago extraordinario a las provincias
- Reducción de las cargas sociales hasta 95% para empresas en situación de emergencia financiera.
- Créditos para empresas, monotributistas y trabajadores autónomos a tasa cero.
“La Anses afronta así un presente de mayores erogaciones, con menores recursos y sin un FGS que le permita navegar la crisis. La pandemia deja al descubierto situaciones que permanecían escondidas debajo de la alfombra”, señalaba la especialista.
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