El retorno de la actividad judicial luego del fin de la feria de enero es un motivo de preocupación para las pequeñas y medianas empresas, que reclamaron al Banco Central medidas para suspender las ejecuciones bancarias e implementar un reperfilamiento de sus deudas, con un stock estimado en $400.000 millones y pagos de intereses en el orden de los $16.000 millones mensuales.
Esos pedidos fueron presentados al Banco Central por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuyas autoridades alertaron que si no son atendidos “centenares de pymes quedarán al borde de la quiebra”.
Desde la entidad informaron a Infobae que las pymes afectadas por el riesgo de ejecución bancaria son “más de 10.000”, si bien se espera que la autoridad monetaria dé a conocer oficialmente la cantidad exacta.
Si bien la realidad de cada pyme es diferente, de los números de CAME se desprende que el promedio de intereses que cada compañía debe pagar cada mes supera el millón de pesos.
Por lo pronto, los datos del BCRA precisan que la tasa de morosidad de las empresas aumentó en 18 meses del 1,1% al 5,7%, pero CAME señaló que si esa información “se abre por tamaño de empresas, la morosidad de las pymes es más elevada aún”.
El pedido de CAME al BCRA se concretó poco después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunciara una moratoria para pymes y en un contexto recesivo que la entidad pone de manifiesto periódicamente, con relevamientos estadísticos que dan cuenta de caídas en la producción industrial y las ventas de los comercios minoristas.
La entidad envió una misiva al presidente del BCRA, Miguel Pesce, con las firmas de su titular, Gerardo Díaz Beltrán, y su secretario general, José Bereciartúa, en la que fundamentaron su reclamo en la deuda de las pymes con los bancos, con un stock de $236.663 millones y USD 2.581 millones, sumando un total “equivalente a casi $400.000 millones”.
“Pero lo que más preocupa es el costo”, aclararon los directivos, ya que “sólo por intereses se destinan más de $16.000 millones al mes, lo que viene generando atrasos inevitables en una coyuntura económica que no ayuda”.
CAME aclaró que esa suma no incluye multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital y que el abultado monto deriva en “atrasos permanentes, que incrementan más esos pasivos, y desencadenan el peor escenario: nuestras empresas directamente no pueden cumplir, como lo registra el salto en las tasas de morosidad, y quedan al borde de la ejecución, que representa la antesala de la quiebra”.
En ese sentido, plantearon en la carta a Pesce que “el consumo continúa sin recuperarse, los costos siguen subiendo, la rentabilidad no mejora y, en ese contexto, los empresarios que invirtieron e hicieron el esfuerzo por sostener el empleo durante estos tres años críticos quedaron con niveles de endeudamiento altos y caros”.
La urgencia del pedido obedece a que, con la finalización de la feria judicial, se teme que las entidades financieras y “especialmente los bancos públicos” se verán “en la obligación de iniciar las ejecuciones de garantías por atrasos en los pagos”.
Díaz Beltrán y Bereciartúa destacaron que “las tasas de referencia del Banco Central están bajando” pero que a su vez “el traslado a las tasas por créditos tomados es muy lento todavía".
“Esperamos sepa comprender la emergencia del pedido que estamos realizando y dar lugar a frenar cualquier acción negativa que puedan tomar los bancos en las próximas semanas contra las pymes. De la misma manera, consideramos fundamental y necesario definir un esquema de reperfilamiento de esos pasivos, para darle previsibilidad a los bancos y sustentabilidad a las empresas teniendo en cuenta el contexto recesivo actual”, finalizó la nota de reclamo de CAME.
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