Avanza la ley de góndolas en la provincia de Buenos Aires y los supermercados ya preparan la ofensiva legal

Cadenas de supermercados y empresas de consumo masivo siguen esperanzados en poder convencer a los legisladores bonaerenses de los perjuicios que generaría la Ley de Góndolas –según su punto de vista, claro–hasta en los propios consumidores a los que se pretende defender. De ahí que preparan la estrategia legal que llevarán a cabo si el proyecto se aprueba.

El tramado legal está en manos de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que ahora está concentrada en evitar su avance legislativo, pero que ya está evaluando las alternativas posibles para encarar el día después. ¿Presentarán un amparo como cámara sectorial que busque declarar la inconstitucionalidad o cada supermercado se presentarán de forma individual? Según analizan en el sector, la segunda opción sería, tal vez, la más efectiva.

De hecho, así lo hicieron con la ley que obligó a las cadenas de supermercados de Santa Fe a cerrar los domingos. Y tras varios fallos de las cámaras de Reconquista y de Rosario, finalmente la Corte Suprema de la provincia declaró inconstitucional la norma de "descanso dominical".

El estatus del proyecto

El proyecto de ley de góndolas avanzó en la legislatura bonaerense y a nivel nacional hubo dos dictámenes. En una ajustada disputa entre el oficialismo y la oposición, con 27 firmas cada uno, fue necesario que desempate la diputada massista Marcela Passo, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, quien lo hizo a favor del proyecto de la oposición. Esta iniciativa podría tratarse en el recinto la semana próxima, según trascendió.

Concretamente, sea por la iniciativa nacional como por la provincial, la estrategia de los supermercados será la misma: declarar la norma inconstitucional. Mediante diversos escritos, varias cámaras empresarias le hicieron llegar a los legisladores, nacionales y bonaerenses, la posición respecto del tema y cuáles serían las consecuencias, si fuera ley. Lo hicieron la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (Ccifa) y ASU.

De acuerdo con el documento de AmCham al que accedió Infobae, "de prosperar este proyecto de ley, el principal efecto sería ir a un modelo de país con menos libertades y mayores costos, donde el primer perjudicado será el consumidor". Por su parte, la CAC les planteó a los legisladores que "toda vez que se implementaron medidas de control férreo sobre las relaciones comerciales y de consumo, una de las consecuencias fue la escasez de determinados productos en exhibición, lo que conllevó al incremento de costos entre proveedores y comerciantes, siendo trasladados los mismos a los consumidores".

"No renunciamos a la posibilidad de que nos puedan convocar para que expliquemos cuál es la lógica del posicionamiento de los productos en las góndolas. No comercializamos esos lugares. Ello guarda relación con la proyección de demanda de un producto en función de la demanda pasada. Al tener más rotación, ese espacio garantiza que el cliente lo encuentre cuando va a buscarlo y no generar costos agregados de reposición", dijeron en Walmart.

"Esto genera complicaciones operativas -con los consecuentes incrementos de costo por mano de obra adicional de reposición- lo cual se traduce en una mayor dificultad para mantener precios bajos por la falta de eficiencia", enfatizó AmCham.

El argumento principal de quienes impulsan esta ley es que debe limitarse el espacio en góndola a las grandes empresas para poder darle la posibilidad a las pymes de participar y, de esa manera, generar mayor competencia y reducir los precios. Tanto es así que la iniciativa estipula un máximo de 30% por proveedor. Pero desde las cámaras que cuestionan el proyecto alertaron que ello "en la práctica no sucede" y "atenta contra la posibilidad de que las empresas de consumo masivo provean la mayor cantidad de productos a un precio más bajo", dijo AmCham.

La Cámara de Comercio Norteamericana también advirtió que la propuesta no sólo atenta contra garantías básicas como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad, consagradas en la Carta Magna, sino que "también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional". Un proyecto de estas características vulneraría el principio de "igualdad de trato" para productos importados, aseguran las entidades empresarias.

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