Finalmente YPF, la petrolera estatal, se quedó con la operación de OIL Combustibles, la quebrada compañía de Cristóbal López. Lo decidió hoy el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, quien el 11 de mayo había decretado la quiebra de la empresa por no pagar 8.000 millones de pesos en impuestos al combustible (con los intereses, esa cifra supera los $21.000 millones).
El negocio lo realizará junto a la española DAPSA e YPF clara que no controlará por el momento la refinería que OIL tiene en Santa Fe.
YPF pagará USD 3,3 millones mensuales por la operación. Durante el proceso, la estatal había demostrado interés sobre todo por el puerto y la zona logística que la empresa tiene en San Lorenzo, Santa Fe, ahora se haría cargo de esa operación más las bocas de venta y otros activos (por dos meses prorrogables hasta la liquidación total), y podrá ofertar para quedarse definitivamente con ella en unos meses.
Otras empresas que también estaban detrás de la fallida petrolera de López eran los trabajadores de la empresa por medio de una cooperativa y las empresas Vitol, Trafigura y Lukoil.
Las claves del fallo:
La propuesta de YPF
– Destilería Argentina de Petróleo S.A. e YPF S.A. (a partir de ahora simplemente DAPSA e YPF) propusieron afrontar en forma directa el abastecimiento exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de OIL, garantizando la disponibilidad de productos de la más alta calidad, a precios de mercado y en condiciones de competitividad para los operadores de estaciones de servicio, tomando a su cargo el riego de la operación comercial.
– Asumieron, como parte de su oferta, la explotación para su propias actividades y/o de terceros la totalidad de los activos logísticos en la terminal fluvial de la fallida.
– Ofrecieron, además, reprocesar sin costo los stocks de combustible en sus instalaciones a fin de colocarlos en condición comercial.
– En contraprestación, se comprometieron a abonar un importe mensual equivalente a USD 3.300.000 (tres millones trescientos mil dólares estadounidenses), en moneda nacional al tipo de cotización del dólar mayorista tipo vendedor informada por el Banco de la Nación Argentina para el cierre del día anterior.
– Finalmente, propusieron que ante la compra definitiva ambas dispondrán de un derecho a igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse.
Qué dijo el juez:
– El plan de cancelación propuesto por DAPSA e YPF es de USD 3.300.000 mensuales, ampliamente superior a Lukoil $45.000.000; a Trafigura $28.686.119; y a Petroil USD150.000, por igual período.
– DAPSA e YPF han ofrecido generar valor sobre los stocks de gas oil y fuel oil de la fallida "reprocesando sin cargo esos productos para su comercialización".
– Garantizan, sin condicionamientos y asumiendo el riesgo de la operación, el abastecimiento de la "totalidad" de la red de estaciones de servicio de bandera OIL con combustibles de calidad.
-Lamentablemente, ninguna de las participantes asume con fondos propios el empleo de la totalidad de los trabajadores (…) Entonces, ante este escenario, la variable que debe sopesarse no es otra que el canon que ingresará a las arcas de la fallida, con lo cual podrán atenderse las indemnizaciones labores en su integridad como así también los gastos operativos pendientes que se demanden.
– Otorgase el derecho a DAPSA e YPF en forma conjunta o a título individual del derecho de igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse, ya sea por la totalidad o parte de las instalaciones de OIL abastecimiento exclusivo de la red comercial de bandera OIL.
Oil Combustibles fue una de las empresas más importante del Grupo Indalo, de López. La compañía tenía estaciones de servicio y una investigación periodística reveló que durante tres años no pagó 8.000 millones de pesos del impuesto al combustible lo que derivó en la causa judicial en la que López, Fabián de Sousa y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, fueron procesados. Los empresarios están presos.
Paralelamente, hubo un expediente por la situación patrimonial de la empresa y se decretó su quiebra.
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