A partir de una investigación generada por la Administración Federal de Ingresos Públicos se detectó un complejo entramado societario dedicado a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas apócrifas por un total cercano a $4.100 millones en poco más de dos años. Semanas atrás había descubierto otra banda en la que estaban involucrados funcionarios del anterior gobierno.
Comunicó el organismo recaudador que “la organización delictiva abasteció de comprobantes apócrifos a más de 5.000 usuarios con el propósito de reducir la carga tributaria. Durante el transcurso de la investigación se comprobó la emisión, cuanto menos, de unas 45.000 facturas apócrifas”.
Habiendo dado intervención a la justicia, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9 a cargo de Javier López Biscayart ordenó –por pedido del Fiscal de la causa, Pablo Turano- la realización de 70 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y localidades del interior del país, tales como Comodoro Rivadavia, Bragado, Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Córdoba y Rosario.
Resalta la AFIP que “con estas acciones se busca obtener y resguardar los elementos probatorios que confirman la existencia y dimensión de la estructura ilícita denunciada, desenmascarar a sus jefes y organizadores, como así también facilitar las tareas de fiscalización dirigidas a determinar la real evasión de los sujetos que adquirieron los comprobantes apócrifos”.
Participaron de los operativos más de 350 agentes de AFIP y personal de Gendarmería Nacional y se secuestró de importante cantidad de documentación y material informático que comprobaría los hechos ilícitos denunciados.
Según dijo el director general de la AFIP, Alberto Abad, “aproximadamente 4 de cada 5 pesos de aumento de la recaudación de impuestos en los primeros 11 meses del año se originó en el resultado conjunto de los programas de fiscalización a los ciudadanos y empresas, los efectos del blanqueo de activos y los planes de facilidades de pagos”.
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