A pesar de la negativa del Gobierno a reconocer la violencia creciente que vive el país, el proceso electoral que concluirá el próximo 2 de junio ha sido uno de los más violentos en la historia de México. De acuerdo con el último informe de la organización independiente Laboratorio Electoral, ha habido en el último año 27 asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a cargos públicos.
En su último reporte, actualizado al 2 de abril, la organización denunció 157 casos de agresiones, que derivaron en 51 homicidios, de los cuales 27 correspondieron a aspirantes a algún tipo de cargo público. Hubo, además, nueve secuestros, 22 atentados que no causaron víctimas y 75 registros de amenazas.
En una de sus habituales conferencias de prensa mañaneras, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en relación con la situación general del país: “No hay más violencia, hay más homicidios que en todo el sexenio”. Sostuvo, en ese sentido, que “hay menos robos, menos secuestros y menos delitos del orden federal” que en anteriores gobiernos.
El reclamo de garantías de seguridad frente a la ola de violencia
“La violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante”, asegura el relevamiento, que señala que los estados con mayor cantidad de casos son Guerrero (12 asesinatos), Veracruz (8 asesinatos) y Michoacán (7 asesinatos). Por su parte, Michoacán y Chiapas registran el mayor número de agresiones en el marco de la campaña, entre las que se encuentran los atentados, secuestros y amenazas.
El informe del Laboratorio Electoral señala que, en Michoacán y Guerrero, ha habido “denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales”. En Michoacán, 33 candidatos a alcaldes han abandonado sus aspiraciones y 66 más han pedido protección a autoridades ante amenazas a su integridad; además, siete alcaldes, líderes de partidos y de organizaciones, así como candidatos a distintos cargos, han sido asesinados.
Historia reciente: procesos electorales y gobernabilidad bajo sospecha
Hace tres años, en 2021, la elección para la gobernación de Guerrero fue impugnada por supuesta “injerencia del crimen organizado”. Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado declaró que la denuncia era infundada y ratificó el triunfo de Evelyn Salgado Pineda, candidata del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que responde a nivel nacional a AMLO. En marzo de este año, el grupo parlamentario del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) solicitó la eliminación de los poderes del estado de Guerrero, una suerte de intervención federal para “restituir el orden constitucional y el orden público”.
“El gobierno de Evelyn Salgado se ha caracterizado por sus altos índices de criminalidad, que incluyen extorsiones, cobro de piso [sobornos de bandas criminales a comerciantes], torturas, lesiones, homicidios, y la presencia abrumadora de carteles del crimen organizado, lo que contrasta con el ausentismo que distingue a la gobernadora y su gobierno en horas críticas”, manifestó la bancada del PAN en una nota difundida el pasado 12 de marzo.
En Michoacán, en 2021, el entonces gobernador Silvano Aureoles denunció la infiltración del narcotráfico en los comicios del Estado. Bajo la lupa quedó quien, a la postre, resultaría ganador: el postulante de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla. Si bien el Tribunal electoral ratificó su triunfo, detectó la interferencia del crimen organizado en los comicios en cuatro municipios: Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.
La recta final de cara al voto y la protección de los candidatos
En este clima de preocupación por la escalada de violencia, México celebrará el domingo 2 de junio unas elecciones generales en las que 98 millones de ciudadanos están habilitados para concurrir a las urnas. Además de la elección del nuevo presidente de la República, están en juego 20.375 cargos, de los cuales 19.746 son locales y 629, federales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado, hasta la fecha, 99 solicitudes de protección de distintos aspirantes a cargos públicos. Dio curso a 74 de esos pedidos y 14 de ellos fueron catalogados como de “alto riesgo”. Por su parte, el Laboratorio Electoral alertó sobre la suspensión definitiva del voto en 47 casillas de nueve estados mexicanos “por riesgo de violencia”.
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