La Habana presentará este 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva resolución para pedir el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba, en un momento de deterioro económico, apagones prolongados y falta de servicios básicos en la isla.
Será la votación número 34 promovida por el régimen cubano desde 1992. La iniciativa volvería a recibir previsiblemente respaldo internacional, aunque el resultado no obligará a Washington a modificar su política hacia la dictadura cubana. La resolución de la Asamblea General carece de carácter vinculante para los Estados miembro.
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El debate ocurre durante un año de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcado por sanciones secundarias y por restricciones que, según La Habana, afectaron el acceso de la isla a suministros de petróleo, pero cuya decadencia del sistema viene de décadas previas.
La isla vive una escasez de alimentos, cortes de energía y dificultades para sostener servicios públicos, incluido el abastecimiento de agua, entre otros problemas que agravan la crisis.

Una crisis de causas múltiples
El régimen cubano sostiene que las sanciones de Washington constituyen un “bloqueo” porque buscan aislar y asfixiar económicamente al país. En su informe para la ONU, calculó que las medidas estadounidenses provocaron pérdidas por USD 8,056 millones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la cifra anual más alta de sus registros oficiales. Según los datos presentados por el régimen, el perjuicio acumulado en más de seis décadas supera los USD 178,700 millones.
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Estados Unidos, en cambio, utiliza el término embargo, una denominación jurídica que refiere a la prohibición de comerciar con Cuba y a las restricciones aplicadas a operaciones de terceros países vinculadas con bienes, servicios o tecnología de origen estadounidense.
Expertos de Naciones Unidas pidieron una respuesta internacional ante la situación humanitaria de la isla. Algunos especialistas advirtieron sobre el riesgo de que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”, en referencia al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Pero la crisis cubana no puede explicarse únicamente por las sanciones. La propia información recogida por EFE sitúa el origen del colapso en factores externos e internos. A las restricciones estadounidenses se suman las políticas económicas y monetarias del régimen, que profundizaron debilidades estructurales acumuladas durante décadas.
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La falta de divisas, la caída de la producción nacional, la dependencia de importaciones, la inflación y la desorganización monetaria golpearon la vida cotidiana de millones de cubanos. El régimen ha recurrido de forma sistemática a responsabilizar a Washington por el deterioro, aunque sus reformas no han logrado revertir la escasez ni recuperar la capacidad productiva de sectores básicos.

Una decisión sin efectos prácticos sobre Washington
La resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” obtuvo desde 1992 entre 165 y 189 votos favorables. Estados Unidos e Israel se pronunciaron en contra en casi todas las votaciones.
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La excepción tuvo lugar en 2016, cuando ambos países se abstuvieron. Ese cambio coincidió con el acercamiento entre Washington y La Habana durante la administración de Barack Obama, que restableció las relaciones diplomáticas entre los dos países tras más de medio siglo de ruptura.
Aquel escenario quedó atrás. La Administración de Donald Trump endureció nuevamente la presión sobre el régimen cubano y, según La Habana, Estados Unidos ejerció “presiones extremas e inéditas” sobre otros Estados miembro de la ONU para condicionar sus votos.

La segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Diéguez, afirmó a EFE que La Habana no observa “un progreso hacia un diálogo serio” con Washington. Ambos reconocieron en marzo que mantenían contactos de alto nivel, aunque hasta ahora no se conocieron resultados concretos.
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El pulso aumentó en las semanas previas a la votación, después de que Washington organizó un acto con opositores cubanos para denunciar violaciones de derechos humanos en la isla. La respuesta del régimen fue llevar otra vez su narrativa contra el embargo al principal foro multilateral, pese a que el respaldo diplomático que suele obtener no se traduce en cambios efectivos en la política estadounidense ni resuelve los problemas generados por la dictadura dentro de Cuba.
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