El embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, celebró este lunes la orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato y sostuvo que la justicia estadounidense avanzará por las víctimas del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
“Esto es justicia para el pueblo cubano. Es justicia por los vuelos de Hermanos al Rescate y por aquel ataque de hace tanto tiempo. Y creo que envía el mensaje de que no hemos olvidado”, afirmó Waltz durante una rueda de prensa en Nueva York, según informó la agencia EFE.
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El diplomático habló junto al director ejecutivo de Freedom House, organización no gubernamental estadounidense dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos, Jamie Fly, tras un acto organizado por la misión estadounidense ante la ONU. La actividad reunió a referentes de la oposición cubana y se realizó pocos días antes de una nueva votación de la Asamblea General sobre la resolución anual que reclama el fin del embargo de Washington a la isla.
La acusación está vinculada con el derribo de dos avionetas en 1996
La orden judicial estadounidense acusa a Raúl Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate. Las avionetas, registradas en Estados Unidos, fueron abatidas en febrero de 1996 por fuerzas cubanas mientras realizaban vuelos cerca del espacio aéreo de la isla.
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El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de tensión entre Washington y La Habana en las últimas décadas. Hermanos al Rescate, una organización creada por exiliados cubanos en Florida, realizaba operaciones de búsqueda y rescate de personas que intentaban llegar a territorio estadounidense por mar.
Waltz afirmó que la iniciativa judicial refleja que la Administración de Donald Trump “se toma muy en serio los abusos”. También pidió que se extienda la búsqueda de responsabilidades a quienes, según dijo, han sido detenidos o encarcelados por razones políticas en Cuba.
El encuentro se tituló “Cuba Libre: la opresión que oculta La Habana” y contó con la presencia del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del activista José Daniel Ferrer, dos figuras vinculadas con reclamos por la situación de los derechos humanos en la isla.
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Cuba denunció una maniobra antes de la votación sobre el embargo
La representación cubana ante Naciones Unidas cuestionó la convocatoria estadounidense. El embajador Ernesto Soberón Guzmán calificó el evento como una “maniobra política” destinada a reducir el apoyo internacional a la resolución contra el embargo.
La Asamblea General aprueba desde 1992, a petición de Cuba, textos que solicitan el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Esas resoluciones no tienen carácter jurídicamente vinculante, aunque suelen recibir un amplio respaldo de los países miembros.
En los últimos días, La Habana señaló a Washington de intentar influir sobre otras delegaciones para que rechacen o modifiquen su posición frente a la resolución. La disputa diplomática ocurre mientras ambos países mantienen diferencias sobre derechos humanos, sanciones económicas y los vínculos comerciales de Cuba con otros países.
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Waltz explicó que la misión estadounidense entregó a otros embajadores datos sobre el número de presos políticos, las muertes bajo custodia, las ejecuciones extrajudiciales y presuntos casos de corrupción vinculados con el régimen cubano.
El embajador citó además USD 18,000 millones que, según sostuvo, forman parte de los recursos que posee el régimen. Afirmó que esa cifra surge de estimaciones estadounidenses y de auditorías independientes, aunque no detalló los documentos ni las entidades responsables de esos cálculos.
Washington destacó la ayuda humanitaria y endureció sanciones
El representante estadounidense defendió las medidas adoptadas por Trump y señaló que la Casa Blanca liberó USD 100 millones en ayuda humanitaria. Añadió que cada año se envían desde Estados Unidos a Cuba unos USD 250 millones en bienes y combustible.
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En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba de manera directa o indirecta. En mayo, amplió las sanciones contra compañías y entidades extranjeras que mantengan relaciones comerciales o financieras con el régimen cubano.
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