Entre amenazas con cuchillo: Señalan “trato de favor por su cargo” a juez acusado de violencia domestica en Costa Rica

Un caso de violencia doméstica que involucra a dos administradores de justicia costarricenses, la jueza de apellido Marín Mata y su expareja, el juez de apellido Jiménez Rosales, ha provocado una profunda indignación social y un severo cuestionamiento a las dinámicas internas del Poder Judicial.

El hecho de que dos figuras encargadas constitucionalmente de aplicar la ley y garantizar la protección de los ciudadanos se encuentren en el centro de un episodio de agresión física, amenazas de muerte e impunidad percibida ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la existencia de sesgos o tratos de favor cuando los imputados ejercen cargos de alto poder.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la representación legal de la víctima, al medio Noticias Trivisión, el expediente evidencia agresiones físicas severas y amedrentamiento constante transcurridos durante un periodo prolongado. El relato detalla un violento episodio en el que el imputado presuntamente amenazó a la víctima con un arma blanca en el cuello, la agredió físicamente hasta causarle la luxación de la mandíbula y le causó traumatismos al golpear su cabeza contra el pavimento dentro de un inmueble.

La defensa de la denunciante sostiene que este caso refleja de manera clara la dinámica sistemática del ciclo de la violencia doméstica:

• Primeros episodios e indefensión (2024): Inicialmente, la víctima intentó interponer la denuncia; sin embargo, sostiene haber enfrentado victimización secundaria y una omisión institucional que la llevó a permanecer al lado del agresor por temor y manipular la situación.
• Escalada y denuncia penal (2025): Para mediados de 2025, la jueza formalizó las acciones legales por agresión. Pese a la gravedad de las afirmaciones, la causa penal fue desestimada en primera instancia por el Ministerio Público, lo que derivó en la posterior reanudación de los eventos violentos.
• Intento de femicidio y escalada extrema: Los hechos más severos, registrados el 28 de julio de 2025, se extendieron durante horas e incluyeron amenazas explícitas de descuartizamiento y muerte, configurando a criterio de la querella una tentativa de femicidio.

Cuestionamiento a las medidas cautelares y la respuesta institucional

La principal causa de indignación ciudadana y jurídica radica en la naturaleza de las medidas cautelares dictadas contra el juez imputado y la gestión realizada por la Fiscalía. Mientras la representación de la víctima sostiene que la gravedad de las evidencias exigía la tramitación de prisión preventiva para garantizar la integridad física de la denunciante, las autoridades optaron únicamente por medidas de alejamiento y prohibición de agresión o intimidación.

Entre los puntos más controvertidos fijados en el marco del proceso se destacan:

1. Excepción de distanciamiento laboral: A pesar de establecerse una orden de alejamiento de 500 metros alrededor de la víctima, la resolución contempló una excepción explícita en caso de que ambos funcionarios coincidieran laborando en el mismo circuito judicial.
2. Ausencia de separación cautelar inmediata: Inicialmente, el régimen cautelar no garantizaba la reubicación obligatoria del agresor a un despacho totalmente ajeno, lo que dejaba abierta la posibilidad de coacción en el entorno laboral.
3. Manejo en la jurisdicción penal: Se ha señalado una aparente confusión o laxitud en el uso de los instrumentos procesales penales en comparación con la jurisdicción de violencia doméstica, permitiendo que el juzgador continúe administrando justicia en despachos de la zona Atlántica sin un arresto preventivo.

Ante el rechazo de la opinión pública y la difusión de grabaciones de audio y video donde se escuchan las agresiones y solicitudes de auxilio, la estructura del Poder Judicial confirmó la apertura de un expediente disciplinario de oficio a través del Tribunal Administrativo Sancionador.

Paralelamente, las autoridades procedieron a reubicar a los funcionarios en despachos judicialmente independientes para evitar el contacto directo mientras la investigación preparatoria del Ministerio Público avanza.

Este caso continúa bajo análisis procesal y técnico-forense incluyendo peritajes psicológicos y valoraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos vigilan de cerca si las instituciones actuarán con el mismo rigor procesal aplicado a cualquier ciudadano común o si prevalecerá el corporativismo institucional.