
El Consejo Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro de las condiciones que enfrentan las personas menores de edad en Costa Rica y urgió al Estado a detener los recortes presupuestarios que afectan a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.
En un pronunciamiento público, el instituto aseguró que el país atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años en materia de protección, educación y atención integral de niñas, niños y adolescentes, situación que, según afirmó, amenaza el presente y el futuro de esta población.
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El Consejo Académico manifestó su preocupación por lo que calificó como un deterioro sistemático del tejido social y de la institucionalidad pública, producto de decisiones político-administrativas que, a su criterio, contradicen el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.
Uno de los principales cuestionamientos del instituto se centra en la reducción sostenida de los recursos destinados a las instituciones responsables de la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Según el INEINA, estos recortes representan un retroceso que impacta directamente a una población que depende del Estado para garantizar el acceso a servicios, atención especializada y mecanismos que permitan hacer valer sus derechos.
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El pronunciamiento también cuestiona la percepción de la inversión social como un gasto público y plantea la necesidad de comprenderla como una estrategia indispensable para fortalecer el bienestar, reducir desigualdades y prevenir futuras problemáticas sociales.

Además del aspecto presupuestario, el instituto alertó sobre el incremento de la violencia que afecta a las personas menores de edad.
De acuerdo con el documento, estadísticas recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) correspondientes al periodo 2020-2025, así como información recopilada por distintas organizaciones sociales, evidencian un crecimiento en la captación y adoctrinamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.
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El Consejo Académico indicó que cada vez es más frecuente la utilización de personas menores de edad en actividades delictivas, así como el aumento de casos relacionados con explotación sexual comercial, abuso y otras formas de violencia.
Para el instituto, este escenario demuestra que las estrategias estatales de prevención no han logrado responder a la magnitud del problema.
“Resulta preocupante constatar que la prevención y atención de estas formas de vulneración no están siendo asumidas como una prioridad real y tangible”, señala el pronunciamiento.
A esta situación se suma, según la UNA, una crisis educativa ampliamente documentada por los Informes del Estado de la Educación.
El instituto sostiene que el país enfrenta un rezago significativo en competencias fundamentales como la comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático, lo que compromete el desarrollo académico y las oportunidades futuras de toda una generación.
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Asimismo, advirtió que esta denominada “pobreza de aprendizajes” profundiza las desigualdades existentes y golpea con mayor fuerza a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y a quienes habitan en zonas rurales.
Ante este panorama, el Consejo Académico del INEINA emitió una serie de llamados dirigidos al Estado costarricense.
En primer lugar, reafirmó que las personas menores de edad deben constituir la prioridad absoluta en todas las políticas públicas, decisiones fiscales y acciones gubernamentales, en cumplimiento del principio del interés superior de la persona menor de edad establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
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También solicitó al Estado asumir una estrategia integral para combatir la violencia que afecta a esta población, mediante políticas que fortalezcan la prevención comunitaria, generen oportunidades y trasciendan las acciones exclusivamente represivas.
El instituto insistió en la necesidad de detener de inmediato los recortes presupuestarios y fortalecer los recursos financieros, técnicos y humanos de las instituciones encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes.
A criterio del Consejo Académico, debilitar el Estado social de derecho favorece la exclusión y crea condiciones propicias para el aumento de la violencia, mientras que invertir en la institucionalidad constituye una apuesta por la paz social y el desarrollo del país.
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El INEINA hizo un llamado a los Poderes de la República, las instituciones autónomas, la academia, las organizaciones sociales y la ciudadanía para colocar la protección de la niñez y la adolescencia en el centro de la agenda nacional.
“El momento de actuar es ahora; el costo de la inacción será la pérdida irreversible de una generación, la fractura definitiva del Estado social de derecho y un retroceso en el desarrollo económico y social del país”, concluye el pronunciamiento emitido por el Consejo Académico de la Universidad Nacional.
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