Costa Rica elevó 30.01% el gasto en seguridad entre 2020 y 2024, en medio del alza de los homicidios

En la última década, Costa Rica ha dejado atrás su tradicional imagen de país seguro dentro de Centroamérica para enfrentar un deterioro sostenido en su entorno de seguridad, evidenciado principalmente en el incremento de los homicidios.

Según datos del informe de Expediente Abierto: “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, el país alcanzó en 2023 la tasa de homicidios más alta de su historia reciente, con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta cifra marcó un quiebre estructural respecto a la estabilidad relativa que caracterizó a Costa Rica durante la primera mitad de la década anterior y posicionó a la nación como una de las que presenta un ritmo de crecimiento más pronunciado en los indicadores de violencia del istmo.

El aumento de los homicidios no ha sido un fenómeno episódico, sino progresivo, con una aceleración notable a partir de 2021. Aunque Costa Rica no alcanza las tasas de homicidio de los países del norte de Centroamérica, la tendencia reciente resulta especialmente preocupante por la velocidad y la magnitud del deterioro.

Diversos análisis atribuyen este repunte a la consolidación de Costa Rica como territorio estratégico dentro de las rutas del narcotráfico internacional.

Desde 2020, el país superó a México como principal punto de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos, Europa y otras regiones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, posición que mantuvo en 2023.

Esta situación se relaciona con la ubicación geográfica, la infraestructura portuaria en el Caribe, especialmente en Limón, y el alto volumen de comercio exterior, factores que convierten al país en un nodo atractivo para el tránsito y exportación de drogas hacia mercados internacionales.

Según información especializada, alrededor de siete de cada diez homicidios anuales en Costa Rica están vinculados a disputas entre actores del narcotráfico y de otras economías ilícitas. Un gran porcentaje del flujo de drogas ingresa al país por el Pacífico, principalmente bajo el control del Clan del Golfo colombiano, y es trasladado por tierra hasta el Caribe por agrupaciones locales asociadas con cárteles mexicanos.

Esta dinámica ha producido una concentración territorial de la violencia en zonas portuarias, corredores logísticos y áreas fronterizas, y ha dado lugar a una fragmentación de la criminalidad y a la proliferación de grupos vinculados a redes transnacionales.

Escalada del gasto y limitaciones estructurales

El impacto de este deterioro en seguridad se refleja en el presupuesto público. Entre 2020 y 2024, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica incrementó su gasto en un 30.01 %, pasando de USD 425.14 millones a USD 552.74 millones.

Para 2025, el presupuesto aprobado asciende a USD 645.69 y se proyecta un nuevo aumento para 2026, hasta alcanzar los USD 720.22 millones equivalente al 2.79 % del presupuesto nacional y al 0.66 % del PIB corriente, el punto más alto del periodo.

No obstante, la estructura del gasto permanece altamente concentrada en remuneraciones y operación cotidiana, con una proporción marginal destinada a inversiones de capital como infraestructura o tecnología. En 2024, solo el 2.85 % del presupuesto se destinó a gasto de capital, y para 2025 la asignación proyectada es aún menor, del 0.38 %. Más de tres cuartas partes del presupuesto se concentran en el Servicio de Seguridad Ciudadana (Fuerza Pública), reflejando la centralidad del componente policial uniformado en el modelo costarricense y la ausencia de fuerzas armadas.

Costa Rica enfrenta limitaciones estructurales por su baja proporción de personal policial —menos de 12,000 efectivos adscritos a la Fuerza Pública— y un déficit estimado de entre 5,000 y 7,000 agentes.

Además, la respuesta estatal se ve limitada por la fragmentación institucional y la falta de coordinación efectiva entre actores gubernamentales. Especialistas advierten que, sin respuestas institucionales adecuadas y sostenidas, el problema podría agravarse, y subrayan la necesidad de fortalecer la inversión en inteligencia, control portuario y capacidades de investigación criminal para enfrentar un fenómeno cada vez más complejo y transnacional.