El hallazgo de un vehículo volcado en un precipicio de 50 metros en el Monte del Aguacate, en San Mateo de Alajuela, marcó el inicio de uno de los casos más complejos y reservados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los últimos años.
En el centro de la investigación aparece Andrey Castro Bonilla, un empresario y dirigente deportivo que, hasta hace poco, representaba el éxito económico y social en Puntarenas, pero cuya muerte reveló conexiones con armas de guerra y presuntos nexos con el narcotráfico.
Andrey Castro Bonilla, de 46 años, era ampliamente conocido en el centro de Puntarenas a través de una red de negocios que incluía un gimnasio, un lavacar, un restaurante y un local de ventas tipo outlet.
Además, presidía el club Municipal Puntarenas, participante en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA). Bajo su gestión, el equipo mostró una estabilidad financiera rara en la categoría, lo que generó tanto admiración como sospechas.
Tras su muerte, diversos actores del ámbito deportivo confirmaron que Castro mantenía un perfil bajo ante las autoridades federativas, motivo por el que algunos círculos judiciales lo apodaban “el empresario fantasma”.
De acuerdo con el reporte investigado de las autoridades estiman que los bienes bajo su control superan los 300 millones de dólares, todos ahora objeto de investigación por parte de la Sección de Legitimación de Capitales.
Impacto en el fútbol aficionado
Ante este panorama, el caso ha generado conmoción en el ámbito deportivo nacional. El club Municipal Puntarenas suspendió todas sus actividades y sus sedes comerciales permanecen cerradas. La investigación ha reavivado la discusión sobre la exposición de equipos de ligas menores y clubes aficionados a la infiltración de capital de origen ilícito.
Mientras la opinión pública asimila la caída de una figura que prometía transformar el fútbol local, el OIJ rastrea comunicaciones, movimientos financieros y vínculos internacionales relacionados con la organización que operaba entre Puntarenas y Limón.
Las autoridades consideran que el triple homicidio representa apenas una fracción de la disputa interna por el control del narcotráfico en Costa Rica. Los allanamientos, la magnitud del armamento decomisado y los perfiles de las víctimas sugieren la existencia de redes criminales con alcances nacionales y conexiones internacionales, en un contexto donde la violencia y la opulencia conviven a la sombra del deporte y la empresa en la región.
El crimen y su mensaje
Los cuerpos de tres hombres aparecieron atados de pies y manos con gazas plásticas negras. Sus cabezas estaban envueltas en cinta adhesiva y bolsas, un método identificado con ajustes de cuentas en el narcotráfico. Según Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la hipótesis principal descarta el robo fortuito. Las líneas de investigación apuntan a una represalia directa, ya sea por una deuda importante o por el robo de un cargamento de droga a otra organización.
“La escena sugiere un mensaje entre organizaciones criminales. No solo se eliminó a un objetivo, sino que se buscó impactar en la estructura delictiva”, explicó Muñoz.
La identificación de la segunda víctima permitió a los investigadores avanzar en el caso. Se trata de Iván Horacio Jackson Núñez, de 52 años, empresario turístico en Limón, aunque con antecedentes judiciales. En 2016, Jackson enfrentó procesos por supuestos vínculos con una organización dedicada al envío de cocaína a los Países Bajos y por intentar infiltrar un banco estatal para facilitar operaciones financieras ilícitas.
Su presencia junto a Castro apunta a una posible alianza entre estructuras criminales del Pacífico y el Caribe para el transporte y distribución de droga. Sobre la tercera víctima, aún no se ha divulgado la identidad. Forenses trabajan en la verificación científica para confirmar si se trata de un escolta o persona de confianza de los empresarios.
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