Un grupo de diputadas presentó un recurso de amparo para frenar la aplicación de recortes automáticos que eliminan o disminuyen horas de asistencia personal y subsidios de vivienda previamente otorgados a personas con discapacidad en Costa Rica. La acción solicita la suspensión inmediata de las medidas mientras la Sala Constitucional resuelve si los nuevos topes presupuestarios y la reducción de ayudas violan derechos fundamentales y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Entre los datos más relevantes que figuran en la documentación oficial, las afectadas reportaron que en ciertos casos, personas con discapacidad severa pasaron de más de 100 horas mensuales a un recorte total de horas de asistencia. El límite fijado para el subsidio de alquiler es ahora de ₡60.000, una cifra que, de acuerdo con el contenido del recurso, resulta insuficiente para garantizar condiciones dignas de vida independiente.
La presentación fue realizada por las diputadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El recurso tramita bajo el expediente 26-0067761-007-CO y cuestiona resoluciones administrativas originadas entre finales de 2025 y enero de 2026. Estas resoluciones, emitidas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), habrían reducido o eliminado apoyos sociales considerados esenciales para garantizar la autonomía diaria, como asistencia personal y subsidios para vivienda.
El reclamo legal advierte que el nuevo esquema de recortes responde casi exclusivamente a procesos automatizados definidos por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), sin valoración técnica presencial ni actualización de los datos socioeconómicos, como denunció el Movimiento de Personas con Discapacidad. Los datos desactualizados o incorrectos, según el recurso, han afectado a decenas de beneficiarios, quienes recibieron notificaciones de reducción o eliminación de apoyos sin justificación individual.
Katherine Moreira, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, aseguró que la medida no puede entenderse como un simple ajuste técnico. “Estamos frente a una regresión en derechos humanos que coloca a personas con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado no puede, bajo ninguna excusa presupuestaria, retroceder en garantías que ya habían sido consolidadas”, afirmó Moreira.
El recurso también subraya que, bajo el argumento oficial de “corresponsabilidad familiar”, el Estado ha transferido su obligación hacia los núcleos familiares de las personas afectadas, generando mayor riesgo de exclusión social y dependencia.
Las congresistas enfatizaron que el nuevo tope de subsidio para alquiler no cubre los costos reales del mercado, lo que en la práctica empuja a las personas con discapacidad al hacinamiento o a estructuras de cuidado colectivo. Según las firmantes, estas medidas contradicen estándares nacionales e internacionales sobre derechos para una vida independiente.
En el recurso presentado, las diputadas pidieron a la Sala Constitucional dictar medidas cautelares para que los recortes sean suspendidos de manera inmediata y se mantengan tanto los montos de subsidio como las horas de asistencia durante todo 2025. También solicitaron ordenar al IMAS y a SINIRUBE abstenerse de aplicar automáticamente sus algoritmos hasta que se depuren y actualicen las bases de datos y se asegure una valoración técnica individualizada por cada caso.
“Confiamos en que la Sala Constitucional restablecerá el equilibrio y reafirmará que Costa Rica no puede retroceder en la protección de las personas con discapacidad. La dignidad humana no está sujeta a recortes”, sostuvo Moreira.
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