Randall Zúñiga López, director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas (Colper) contra Douglas Sánchez, director de Central Noticias del Canal ¡OPA!, argumentando que el periodista manipuló a un grupo de mujeres para orquestar un montaje en su contra, en el marco de una investigación penal por violación y contagio venéreo. Entre las pruebas aportadas se encuentran conversaciones que, según informes judiciales, muestran a Sánchez proponiendo citar a Zúñiga en un motel y generar audios donde el funcionario hablara sobre el presidente Rodrigo Chaves y la diputada Pilar Cisneros. La situación ha derivado en un intenso cruce de denuncias y cuestionamientos sobre la validez de las pruebas y la ética tanto de funcionarios como de los periodistas involucrados, en tanto la Fiscalía y la Inspección Judicial continúan analizando el fondo de las acusaciones.
Las acusaciones de Zúñiga y el contenido de los chats
El informe judicial de la Unidad de Cibercrimen, entregado a la Fiscalía el 5 de febrero, detalla la participación de Douglas Sánchez en un grupo de WhatsApp formado por las denunciantes. El grupo, inicialmente llamado “Hermanas de Leche” y luego cambiado a “Tres mujeres, tres historias y un ángel que nos acompaña”, fue creado el 19 de octubre de 2025. En uno de los intercambios clave, registrado el 21 de octubre, Sánchez sugirió: “Ahora, ¿qué tal si lo citamos en un tipo motel?” y agregó: “¿Le montamos la cama y le ponemos un fijo?”. Las participantes aprobaron la propuesta, contemplando incluso realizar la acción en horario laboral y debatiendo cómo registrar declaraciones mediante audios.
El análisis de la sección de Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ incluyó teléfonos de Zúñiga y de las supuestas víctimas. El expediente incluye mensajes en los que Sánchez solicitó: “Que hable del presidente, de doña Pilar”. Un archivo de audio suministrado por una de las denunciantes acompaña la documentación, aunque no se establece si finalmente se llevó a cabo la cita en el motel.
Declaraciones públicas y contrapuntos
Douglas Sánchez se refirió al informe durante Central Noticias este lunes. Consideró que el documento judicial “no es concluyente” y sostuvo que su difusión por parte de los medios responde a una “defensa” ante las acusaciones dirigidas a Zúñiga. Subrayó: “Yo no tengo que ser la noticia de todo este caso (…) Es un informe que no emite conclusiones por su naturaleza”.
Agregó que fue llamado por los defensores de las presuntas víctimas para declarar como testigo en el expediente, junto a otros funcionarios judiciales.
Por otro lado, Randall Zúñiga relató que acudió a la Inspección Judicial del martes para revisar el expediente y esclarecer si Sánchez figura formalmente como testigo. Indicó: “No hay absolutamente nada en los expedientes” que lo involucre como tal ni existe ninguna solicitud para incorporarlo en ese papel.
Otras denuncias y dimensiones del caso
El director suspendido del OIJ enfrenta asimismo investigaciones sobre la presunta divulgación de datos sensibles de procesos en trámite. Zúñiga manifestó que utilizará las mismas publicaciones de ¡OPA! para demostrar que los datos filtrados eran de “conocimiento público y notorio”, con el fin de contrarrestar las acusaciones por filtración de información.
A esto sumó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colper, alegando la “falta de verificación y trazabilidad” en la información difundida por Sánchez y la presunta publicación de material no comprobado.
Además, Zúñiga llevó gestiones ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) para presentar una denuncia contra Sánchez y Jerry Alfaro, director de Noticias Trivisión, por la revelación de recetas médicas personales. Señaló que la interpretación mediática de sus medicamentos es totalmente errónea y que la exposición de dichos datos estaría “totalmente penada por la ley”.
Contexto judicial y repercusiones
Randall Zúñiga permanece suspendido con goce salarial desde finales de octubre, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, mientras se desarrollan revisiones internas sobre eventuales irregularidades en su función. La Fiscalía Adjunta de Género y la Inspección Judicial valoran denuncias por delitos sexuales y por transmisión de enfermedades infecciosas.
Hasta el momento, el contenido de los chats y las declaraciones de los protagonistas configuran un expediente judicial en proceso y un debate nacional sobre los límites de la cobertura periodística y la ética en la obtención de pruebas.
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