ANEP advierte deterioro grave en la Policía de Tránsito de Costa Rica

El sindicato ANEP denuncia un deterioro sin precedentes en la Policía de Tránsito de Costa Rica, con consecuencias directas en la seguridad vial y la calidad del servicio, mientras persisten renuncias de personal recién ingresado y largas demoras en la atención de accidentes. Las quejas señalan abandono administrativo, falta de recursos y hostigamiento laboral, situación que ha derivado en un impacto creciente sobre la accidentabilidad y la congestión en las carreteras del país.

En la actualidad, cerca de 50 plazas permanecen vacantes en la Policía de Tránsito, incluyendo la jefatura, mientras el puesto principal sigue sin designarse desde la salida de Oswaldo Miranda en septiembre de 2023, según los datos aportados por Liseth Quesada, presidenta de la seccional sindical.

Siguiendo lo informado por Quesada tanto a El Observador como a CRHoy, el parque vehicular sufre graves deficiencias, con al menos treinta y una patrullas y una cantidad similar de motocicletas sin operar en la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Muchas unidades carecen de placas, presentan vidrios rotos o puertas que no abren, lo que impide su uso ante emergencias. “Muchas ni siquiera pueden abrirse las puertas, no se puede. En una emergencia el oficial no va a poder salir. Muchas no tienen el vidrio de atrás, está quebrado, no les sirven las luces”, precisó Quesada a El Observador.

La acumulación de vehículos fuera de servicio ocurre mientras la atención a colisiones en carretera puede demorar entre cuatro y ocho horas, agravando la congestión vehicular y alimentando la percepción de desprotección ciudadana.

Deterioro institucional y déficit estructural de personal

La situación de la Policía de Tránsito —descrita como “una decadencia sin precedentes” por representantes sindicales— se ha profundizado bajo la administración actual. El sindicato advierte que el déficit de personal no se compensa con nuevos ingresos, pues la cantidad de aspirantes es insuficiente para suplir las bajas por renuncias, jubilaciones y muertes.

Quesada precisó que no existen datos oficiales actuales de la cantidad total de oficiales en servicio, pero estima que la fuerza ronda los 600 efectivos para todo el país, cifra muy por debajo de las necesidades operativas.

A esta carencia se suma la “inopia” administrativa: el proceso para designar nuevos mandos obliga a considerar perfiles que no cumplen con los requisitos formales, según explicó la gremial a CRHoy: “Esto significa que nadie cumple con los requisitos para ocupar el puesto, por lo que se permiten otros perfiles, aunque incumplan requisitos”.

Condiciones laborales y ambiente interno hostil

La salida de personal nuevo y las dimisiones de cadetes se agravaron tras enfrentar condiciones laborales que distan de lo prometido en la formación. Las denuncias recabadas por ANEP exponen salarios poco competitivos, escaso apoyo institucional y, en palabras de Quesada, “un ambiente hostil” dentro del cuerpo policial.

Varios funcionarios deciden migrar a cuerpos de policía municipal o abandonar la fuerza en busca de mejores oportunidades. Otra preocupación frecuente es el presunto acoso laboral, una práctica que, junto con desórdenes administrativos, eleva las tensiones internas. Los delegados sindicales recuerdan la existencia de canales formales para la resolución de conflictos, como el Código de Trabajo y los departamentos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero denuncian que las órdenes muchas veces no respetan procedimientos ni normativa vigente.

Durante 2026, se han registrado ya al menos 95 fallecimientos —casi dos diarios— y más de 1.500 personas lesionadas en accidentes de tráfico, según el asesor gremial Jonathan Flores en El Observador. Se trata de cifras que superan las ocasionadas por el crimen organizado o riñas entre bandas.

En 2025, 63 peatones perdieron la vida, lo que para el sindicato expone la alta vulnerabilidad de los usuarios de las vías, sean o no conductores. La baja presencia de agentes en las carreteras se traduce en mayores demoras en la atención de incidentes y en un aumento de las carreras ilegales, o piques, que alarman a los vecinos de zonas como Santa Ana y la Ruta 27. Mientras tanto, la falta de refuerzos policiales y la inacción ante denuncias crean un ambiente propicio para el descontrol en las vías.

El sindicato señala como principales responsables del deterioro a Rodrigo Chaves, presidente de la República, y al exdirector Miranda, al atribuirles desinterés para revertir la situación crítica. Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el subdirector de Tránsito, Martín Sánchez, declinaron hacer declaraciones a CRHoy y El Observador sobre las denuncias y demandas sindicales. Los intentos de conciliación solicitados por ANEP ante el Ministerio de Trabajo tampoco han recibido respuesta, quedando pendiente una tercera audiencia sin fecha confirmada.