El progresivo descenso en el gasto público para educación en Costa Rica ha generado una situación crítica que, según la Defensoría de los Habitantes, compromete la calidad y equidad del sistema público poniendo en riesgo la garantía del derecho a la educación.
La investigación más reciente del órgano defensor advierte que la disminución presupuestaria afecta especialmente a las instituciones rurales, unidocentes e indígenas, donde las diferencias en los recursos disponibles pueden ser de hasta cinco veces menos respecto a los centros ubicados en zonas urbanas.
A juicio de la Defensoría, entre 2019 y 2025 el presupuesto educativo pasó del 7.8% al 5.5% del Producto Interno Bruto, alejándose del piso constitucional del 8% y dejando al descubierto el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos sociales.
La institución sostiene que esta reducción impacta directamente en la infraestructura escolar, la alimentación para estudiantes y la contratación de personal de apoyo, elementos que influyen en la capacidad de las escuelas para ofrecer entornos de aprendizaje adecuados.
El análisis publicado este jueves, subraya que las Juntas de Educación de las regiones menos favorecidas han visto restringida su posibilidad de garantizar condiciones seguras y adecuadas para la población estudiantil.
Al operar con presupuestos hasta cinco veces menores, estas juntas encuentran dificultades para ejecutar programas sociales, mantener instalaciones y adquirir materiales esenciales.
Este desfase amplía la brecha entre los centros que pueden generar ingresos propios y los que se sostienen únicamente mediante transferencias estatales, lo que según la Defensoría constituye un factor adicional de inequidad.
La investigación atribuye un papel central a la “complejidad administrativa y a la escasa capacidad técnica en la gestión educativa local”. Esta combinación genera demoras en la ejecución de fondos, falta de transparencia y deficiencias en la rendición de cuentas, debilitando la confianza de la comunidad y dificultando la adopción de soluciones efectivas para el mantenimiento escolar o la continuidad de los programas de apoyo.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la Defensoría considera que el actual esquema de financiamiento perpetúa una discriminación estructural, afectando de forma particular a las zonas más empobrecidas y a las personas estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan mayores barreras de acceso.
Entre 2015 y 2025, el país registró una pérdida acumulada de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 puntos en lectura en las pruebas PISA, resultado que, según la Defensoría, refleja el nexo directo entre recortes presupuestarios y deterioro de los aprendizajes fundamentales.
Este retroceso en los indicadores internacionales refuerza la preocupación por la capacidad del sistema para revertir la crisis y asegurar una educación de calidad para toda la población.
Frente al escenario descrito, la Defensoría ha recomendado una reforma estructural del financiamiento educativo, que garantice presupuesto estable, equitativo y progresivo, con prioridad para los centros ubicados en zonas con mayores desventajas. La propuesta incluye también el fortalecimiento de la supervisión del Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre las juntas escolares y la instauración de mecanismos permanentes de asistencia técnica y auditorías con enfoque territorial y de derechos humanos.
El organismo defensor concluye que es fundamental priorizar la educación pública en la agenda nacional, no solo como un servicio, sino como la base para la cohesión social, la igualdad y la vigencia de la democracia. Cada recorte presupuestario representa, para la Defensoría, un retroceso concreto en la vida y el futuro de miles de estudiantes costarricenses.
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