El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José resolvió, este martes a las 7:30 horas de Costa Rica, el proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, autorizando su entrega a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico internacional y conspiración.
La resolución responde a la solicitud presentada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), imponiendo como condiciones que el país requirente garantice que no impondrá penas de cadena perpetua ni condenas mayores a 50 años de prisión, tope máximo admitido según la legislación costarricense, y que reconozca el tiempo cumplido en prisión preventiva en Costa Rica.
En el caso de López Vega, el tribunal subrayó que solo podrá ser procesado en Estados Unidos por hechos cometidos después del 22 de enero de 2014, ya que los anteriores ya fueron sancionados en Costa Rica.
Según el fallo, los delitos atribuidos a Gamboa y López constituyen conductas continuas que persistieron más allá del 28 de mayo de 2025, fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional que habilita la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, aplicando así la norma vigente al cierre de los hechos.
La extradición fue confirmada por unanimidad y quedó “diferida”, a la espera de la presentación por Estados Unidos de las garantías exigidas en un plazo de dos meses, prorrogable bajo circunstancias justificadas. Si estas condiciones no se cumplen, Costa Rica asumirá el juzgamiento. La entrega de Celso Gamboa será inmediata, una vez concluidos los procesos judiciales internos pendientes.
El tribunal revocó, en cambio, la orden de extradición de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias “Gato” o “Profe”, quien ha sido vinculado con legitimación de capitales.
La sala consideró que los hechos atribuidos a Álvarez ocurrieron antes de la reforma constitucional que hace posible la extradición de costarricenses acusados de narcotráfico, por lo que corresponde juzgarlo en Costa Rica. Solo la jueza Ana Isabel Solís Zamora emitió un voto disidente al considerar que la reforma debía aplicarse de forma retroactiva y procedía la entrega.
El procedimiento de extradición contra Gamboa reviste especial urgencia, de acuerdo a la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que justificó su solicitud debido al “inminente” riesgo de fuga detectado por las autoridades policiales.
El expediente señala que la captura del exmagistrado ocurrió el 23 de junio de 2025, tras un pedido oficial efectuado tres días antes. Desde entonces, la defensa de Gamboa interpuso recursos de amparo, hábeas corpus y denuncias penales por supuesta tortura, todas sin éxito, así como solicitudes de traslado alegando problemas de salud.
Según la administración judicial, la acusación contra Gamboa refiere que, aprovechando su posición como exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, habría liderado una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. El fiscal federal del distrito este de Texas, Jay R. Combs, precisó que “Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, fue nombrado en una acusación federal por un gran jurado en el Distrito Este de Texas, acusándolo de fabricación y distribución de cocaína a sabiendas de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos y de conspiración”. La acusación sostiene que “Gamboa Sánchez conspiró y ayudó a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual se traficó a través de Costa Rica y finalmente a Estados Unidos para su posterior distribución”.
Investigaciones de la DEA y el FBI lo vinculan a movimientos de dinero de hasta $16 millones relacionados con el narcotráfico y ganancias personales que, presuntamente, llegaron a $500.000 por cada envío de droga.
Las acusaciones, que incluyen a López Vega, lo señalan como responsable de liderar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense y distribuirla para su posterior comercialización.
Celso Gamboa, de 49 años y abogado de profesión, ocupó cargos en la gestión pública, incluyendo viceministro y ministro de Seguridad Pública durante las administraciones de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, y fue magistrado de la Sala III del Poder Judicial entre 2016 y 2018. Tras su salida del sector público, se desempeñó como representante legal de diversos procesados por narcotráfico.
La solicitud de extradición fue tramitada conjuntamente con la de otros dos costarricenses señalados como parte de la misma red delictiva. En la instancia correspondiente, la defensa de los acusados alegó la imposibilidad de aplicar retroactivamente la reforma constitucional, un argumento finalmente aceptado por los jueces solo en el caso de Álvarez Alfaro. El fallo, contenido en el voto 2026-180 y firmado por los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís, deja abierta la posibilidad de entrega inmediata de Gamboa y López al cumplirse las condiciones establecidas.
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