Los intendentes de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Merlo se reunieron con autoridades del departamento judicial para monitorear el estado de las excarcelaciones.
Los intendentes de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Merlo se reunieron con autoridades del departamento judicial para monitorear el estado de las excarcelaciones.

Los intendentes de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Merlo se reunieron con fiscales y funcionarios del Departamento Judicial de Morón para interiorizarse sobre la implementación de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus. Los jefes comunales buscan “llevar tranquilidad” a la comunidad, tras la polémica que disparó la decisión de excarcelar internos y fue limitada por un fallo de la Corte Suprema Bonaerense.

En el encuentro, los jefes comunales Juan Zabaleta (Hurlingham), Lucas Ghi (Morón), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo) coincidieron en monitorear y coordinar acciones para resguardar la seguridad de los vecinos que habitan en los partidos que integran ese Departamento Judicial.

“Hay que llevar tranquilidad sobre este tema”, señaló ‘Juanchi’ Zabaleta, en alusión al descontento social que disparó la decisión de excarcelar detenidos para evitar la propagación de la COVID-19 en las cárceles. El dirigente peronista indicó que se tomó conocimiento de las resoluciones judiciales y que los intendentes pusieron a disposición "todos los dispositivos municipales de seguridad para colaborar con el control sobre cada caso”.

Según Lucas Ghi, los referentes locales ya habían tenido previamente una “conversación auspiciosa" con la Asociación de Magistrados y calificó de “muy positiva” la última determinación de la Corte de revisar los fallos judiciales que otorgan beneficios con prisión domiciliaria.

“Se escucharon las opiniones de la aplicación de esos beneficios que otorga la ley, donde la justicia se compromete a cumplir al pie de la letra el nuevo fallo de la Corte, revisar cada caso y señalar aquellos en que la morigeración proceda”, expresó Zabaleta.

El intendente Alberto Descalzo agregó que la reunión se realizó para “articular entre los departamentos ejecutivos y la Justicia, solicitando la información correspondiente".

Los jefes comunales buscan controlar que las prisiones domiciliarias sean “resoluciones estrictas y restringidas que se pueden otorgar exclusivamente a grupos de riesgo, acusados por delitos leves y que estén próximos a cumplir su condena”, según informó un comunicado del Municipio de Morón.

“Hay que atender la cuestión de las personas privadas de su libertad pertenecientes a grupos de riesgo por el deterioro de su estado de salud que merezcan esa morigeración", señaló Gustavo Menénez. Y destacó la importancia de que se “estudie caso por caso” las excarcelaciones, para que “no suceda que un criminal o una persona con antecedentes de alta peligrosidad o de alta agresividad estén en las calles como los acusados de narcotráfico, violación u homicidios”.

Por su lado, desde el ministerio público indicaron que en el marco de la cuarentena obligatoria se acordó el abordaje de tareas conjuntas para facilitar canales de acceso a víctimas de violencia de género y justiciables en general, a través de los servicios locales municipales para el correcto ejercicio de sus derechos". Desde esa perspectiva, se propuso una mayor cercanía institucional durante la pandemia y sus efectos adversos, como el aumento de la violencia intrafamiliar.

Además, se indicó que las medidas que se adoptan se enmarcan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas para reducir la propagación del Covid-19 en lugares de encierro y hacinamiento.

Participaron del encuentro con los intendentes la fiscal general interina, Karina Iuzzolino; la defensora general, Claudia Bonanata, y el defensor general adjunto, Gustavo Giachino.

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