
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos que aprobaron la fusión por absorción de Colombia Humana al Pacto Histórico, por lo que la integración política mantiene sus efectos jurídicos mientras avanza el proceso de nulidad. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante un auto del 29 de octubre de 2026.
La providencia se refiere a las resoluciones 1299 del 3 de marzo de 2026 y 1629 del 19 de marzo del mismo año, expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La primera autorizó la fusión por absorción y ordenó la disolución de Colombia Humana sin liquidación, mientras que la segunda rechazó los recursos de reposición y la solicitud de nulidad presentados contra esa determinación.
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El alto tribunal consideró que, con los elementos disponibles en esta etapa procesal, no se demostró una contradicción evidente entre los actos cuestionados y las normas invocadas por los demandantes, razón por la que no encontró procedente adoptar la medida cautelar solicitada.
Los cuestionamientos a la aprobación de la fusión

Las demandas fueron presentadas por los ciudadanos Jorge Pérez Solano y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quienes solicitaron la nulidad de las resoluciones del CNE al considerar que la aprobación de la fusión se produjo sin verificar plenamente la legalidad de las decisiones internas de Colombia Humana que sirvieron de fundamento.
Entre los argumentos expuestos, señalaron presuntas irregularidades en la conformación de las asambleas nacionales de 2024 y 2025, la acreditación de delegados, el cumplimiento del cuórum estatutario y la competencia de la instancia que convocó la asamblea extraordinaria en la que se aprobó la modificación de los estatutos.
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Uno de los demandantes sostuvo que la asamblea de 2025 contó con la participación de 666 personas que no eran militantes, lo que, según su planteamiento, habría afectado el cuórum necesario para aprobar las decisiones. También cuestionó que la convocatoria se realizara desde la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que, según la demanda, no estaba contemplada dentro de la estructura orgánica de la colectividad.
La controversia también se relacionó con la modificación del artículo 72 de los estatutos de Colombia Humana, registrada por el CNE mediante la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025. Los demandantes consideraron que esa reforma incidió en las condiciones que permitieron aprobar posteriormente la fusión.
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El CNE verificó los requisitos y no encontró sanciones en curso

En la resolución que aprobó la fusión, el Consejo Nacional Electoral sostuvo que Colombia Humana había cumplido los requisitos estatutarios para adoptar la decisión durante las asambleas extraordinarias realizadas el 21 de septiembre y el 16 de noviembre de 2025.
Además, la autoridad electoral indicó que había verificado las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que regula la disolución, liquidación, fusión y escisión de partidos y movimientos políticos, y que Colombia Humana no registraba procesos sancionatorios en curso al momento de aprobarse la integración.
Este aspecto fue central en el análisis del Consejo de Estado, debido a que la norma establece que no puede acordarse la fusión voluntaria de una colectividad política cuando se ha iniciado un proceso sancionatorio.
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Los demandantes cuestionaron esa verificación y sostuvieron que existían actuaciones e impugnaciones pendientes relacionadas con decisiones internas de la organización. No obstante, la Sección Quinta señaló que la certificación incorporada en el acto administrativo daba cuenta de la inexistencia de procesos sancionatorios vigentes contra Colombia Humana.
La decisión no resuelve de fondo las demandas
El Consejo de Estado también examinó la solicitud de inaplicar, por vía de excepción, la Resolución 11232 de 2025, que registró la modificación estatutaria de Colombia Humana. Los demandantes alegaron que esa reforma debía ser cuestionada debido a las presuntas irregularidades en la asamblea que la aprobó.
Sin embargo, la Sala consideró que no se aportaron elementos suficientes para acreditar, en esta etapa cautelar, la incompatibilidad de ese acto con las normas superiores. También indicó que el hecho de que exista otro proceso judicial que cuestiona su legalidad no implica, por sí mismo, que la resolución sea ilegal.
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Por esa razón, el tribunal negó la medida cautelar y determinó que los argumentos de los demandantes deberán ser estudiados de manera integral durante el proceso.
La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de la fusión, sino que mantiene vigentes sus efectos mientras se resuelve de fondo la controversia judicial. La sentencia posterior deberá determinar si las actuaciones del Consejo Nacional Electoral se ajustaron a la Constitución, la ley y los estatutos aplicables.
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