La propuesta legislativa sumó apoyos de distintas colectividades y plantea ajustar normas para perseguir conductas que afectan a perros, gatos y otras especies (Hernán Cadavid Márquez/Facebook)
La senadora Andrea Padilla y el representante a la Cámara Hernán Cadavid Hernández confirmaron este 19 de noviembre de 2026 un avance en el proyecto de Ley Ángel 2.0, una iniciativa que busca “seguir fortaleciendo la legislación penal y policiva contra el maltrato animal”, en palabras de la congresista animalista.
Cadavid, que participa como ponente de la propuesta, destacó el trabajo conjunto con Padilla y su equipo. “Hoy ha avanzado de forma muy importante la ley Ángel 2.0 para la protección de los animales y todos los instrumentos normativos con mayor precisión”, afirmó.
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Los congresistas puntualizaron las propuestas para sancionar el hurto extorsivo de animales, castigar la omisión de socorro en atropellamientos y asegurar recursos destinados a la atención de los animales afectados.
“Necesitamos seguir fortaleciendo la legislación penal en la lucha contra el maltrato animal”, sostuvo Padilla.
En detalle, la iniciativa está detrás de:
- Penas más severas para el delito de lesiones graves (que haya medida de aseguramiento)
- Eliminación de beneficios para condenados por el delito de muerte, agravado por la sevicia.
- Castigo al hurto de animales con fines extorsivos
- Castigo a la omisión de socorro (atropellar a un animal y no asistirlo)
- Destinación de recursos de multas penales para el fondo de protección animal.

Nueve senadores de distintas colectividades respaldan la iniciativa
Según explicaron los congresistas, la propuesta cuenta con la firma de nueve senadores y senadoras de distintas colectividades. Para Padilla, ese respaldo refleja un acuerdo entre sectores políticos alrededor de la protección animal.
El proyecto nació el 14 de julio de 2026, presentado por los congresistas Andrea Padilla Villarraga, Daniel Restrepo Carmona, Christian Kevin Gómez Paz, Norma Hurtado Sánchez, Gustavo Moreno Ariel Ávila, Wilder Córdoba, Alfredo Deluque Zuleta, Luis Carlos Rúa Sánchez, Yamit Zarta, Andrés Felipe Guerrero Boyos, entre otros.
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La Ley Ángel 2.0 —Proyecto de Ley número 01 de 2026 Senado— responde a una brecha de impunidad documentada por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los detalles oficiales emitidos en la Gaceta del Senado, Según la respuesta oficial al derecho de petición con radicado número desde la entrada en vigencia de la Ley 1774 de 2016 —La Ley Ángel— se han recibido denuncias por el delito de muerte a un animal, de las cuales solo una terminó en imputación con el agravante de sevicia. Es decir, una de cada denuncia.
Por ende, la Ley Ángel 2.0 incorpora el principio de no regresividad en materia de protección animal, lo que significa que el Estado —en cualquier nivel territorial— no podrá reducir los estándares de bienestar ya alcanzados sin una justificación científica o constitucional superior.
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El texto consta de diez artículos. Además de consagrar el mencionado principio, modifica el Código Penal para destinar al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal —conocido como el Fondo Fondeliber— las multas derivadas de delitos contra animales, amplía las exclusiones para acceder a beneficios y subrogados penales en determinadas conductas tipificadas, aumenta las penas por muerte y lesiones graves causadas a animales, y establece un programa obligatorio de sensibilización en protección animal para las personas condenadas por estos delitos.
Uno de los puntos más debatidos de la ponencia es el diagnóstico sobre la impunidad en los casos más graves.
El caso del gato “Michyn” ilustra la principal causa: en mayo de 2023, un video mostró al ciudadano Alexander Parra Castillo golpeando y asfixiando hasta la muerte al felino en Bucaramanga, un acto que generó una ola de indignación ciudadana.
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Aunque no había transcurrido un mes de la sanción de la Ley 1774, la sociedad exigió justicia contra Parra, que era considerado por la comunidad del barrio como un sujeto problemático al que se le atribuían otros casos similares.
La movilización ciudadana y el clamor masivo por justicia en redes sociales determinaron que el 17 de agosto el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con conocimiento de Bucaramanga condenara a Alexander Parra Castillo a dos meses de prisión y una multa de salarios mínimos legales mensuales vigentes, sentando un precedente como el primer caso en llegar a una sentencia con base en la entonces recién promulgada Ley Ángel.
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