La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, en reemplazo de Roberto José Tercero Solano Navarra. El nombramiento quedó establecido mediante la Resolución 11364-6 del 17 de noviembre de 2026, con la que se formalizó un nuevo cambio en la dirección de la aseguradora, actualmente bajo intervención forzosa administrativa.
Gutiérrez Sampedro llega al cargo después de haber ocupado diferentes posiciones directivas en el sistema de salud colombiano. Su designación se produce luego de que Mariam Liliana Carrillo Peña asumiera en octubre la suplencia de la intervención, durante la ausencia del anterior titular.
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El relevo se da en medio del proceso de intervención que adelanta la Supersalud sobre Nueva EPS desde abril de 2024, medida que fue prorrogada hasta abril de 2027. La entidad enfrenta dificultades financieras, obligaciones pendientes con su red de prestadores y requerimientos relacionados con la continuidad de los servicios para sus afiliados.
La resolución no solo establece el cambio de interventor, también fija nuevas obligaciones administrativas, financieras y asistenciales que deberá cumplir el funcionario entrante.
¿Quién es Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro y cuál ha sido su trayectoria?
Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que obtuvo su título en 1987. Además, cuenta con una especialización en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria profesional incluye responsabilidades administrativas en entidades públicas, aseguradoras y organizaciones gremiales vinculadas al sector salud.
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En febrero de 2021 asumió la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), cargo que desempeñó hasta octubre de 2022. Durante su carrera también estuvo al frente de Capital Salud EPS, donde participó en procesos relacionados con la administración del aseguramiento, la organización de los servicios y las relaciones con las instituciones prestadoras de salud.
Posteriormente, en septiembre de 2024, fue designado director ejecutivo de Gestarsalud, organización que representa a entidades gestoras del aseguramiento en salud. Su experiencia también comprende su participación en iniciativas relacionadas con la puesta en marcha de EPS Famisanar, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el sistema de información del Servicio Público de Empleo.
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A estas responsabilidades se suma su actividad académica como docente e investigador en las universidades Externado de Colombia, La Sabana, del Rosario y Católica. Su recorrido profesional ha estado relacionado con la financiación del sistema de salud, la administración de recursos y la dirección de entidades aseguradoras.
Empalme administrativo y nuevo plan de trabajo: las primeras obligaciones
La resolución expedida por la Supersalud establece las condiciones para formalizar la entrega de la administración de Nueva EPS. En ese sentido, Roberto José Tercero Solano Navarra deberá trasladar a su sucesor los bienes, libros contables, registros y demás documentos relacionados con la gestión de la aseguradora.
El proceso de empalme deberá completarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión. Además, el interventor saliente tendrá un plazo de diez días, contado desde esa misma notificación, para presentar ante la Superintendencia y el nuevo agente especial interventor una rendición de cuentas sobre su gestión y el estado en que entrega la entidad.
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La aceptación de la renuncia de Solano Navarra también implica la terminación automática de la designación de Mariam Liliana Carrillo Peña como interventora suplente. Sin embargo, los cambios solo serán efectivos cuando Gutiérrez Sampedro acepte el nombramiento y tome posesión del cargo. Para ello dispone de cinco días hábiles a partir de la notificación.
Mientras se concreta la transición, Carrillo Peña deberá garantizar la custodia de los activos, registros y documentos de Nueva EPS, sin realizar actos de disposición sobre estos elementos.
Otro de los aspectos establecidos en la resolución es que la Supersalud no aprobó el plan de trabajo presentado por el anterior interventor, debido a las observaciones y ajustes formulados por la entidad. Por esta razón, Gutiérrez Sampedro tendrá que elaborar una nueva propuesta para orientar su gestión.
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El nuevo interventor deberá presentar el plan de trabajo a más tardar durante el mes siguiente a su posesión. El documento será evaluado y discutido por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas de la Supersalud, instancia encargada de aprobarlo.
Recuperación financiera y continuidad de los servicios para los afiliados

Entre las responsabilidades asignadas a Gutiérrez Sampedro está la administración de los bienes de Nueva EPS y la garantía del manejo adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados al aseguramiento y a la prestación de servicios.
La Superintendencia también estableció que, si durante su gestión identifica irregularidades o inconsistencias en la información contable, administrativa, jurídica o técnico-científica, deberá promover las acciones de responsabilidad civil o penal correspondientes y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
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En materia financiera, las instrucciones incluyen la reconstrucción y aprobación de los estados financieros de la aseguradora, la conciliación de cuentas y la presentación de una estrategia financiera con resultados verificables. Estas medidas hacen parte de las 13 órdenes impartidas por la Supersalud al nuevo interventor.
En el componente asistencial, Gutiérrez Sampedro tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para depurar y caracterizar epidemiológicamente a la población afiliada y articular esa información con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

También deberá formalizar el 100% de los vínculos contractuales con la red pública y privada de prestadores y garantizar que los tratamientos integrales que ya se encuentran en curso no sean suspendidos ni interrumpidos por razones administrativas o contractuales.
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Las instrucciones contemplan, además, agilizar la entrega de medicamentos y servicios pendientes, eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención, mejorar los procesos de traslado de pacientes y avanzar en la modernización de los sistemas de información. Asimismo, deberá garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la protección del derecho a la salud.
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