
El Consejo de Estado frenó de forma temporal la reforma gubernamental a las pensiones privadas, adelantada en el Gobierno de Gustavo Petro, tras ordenar la suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025 sobre el cálculo del deslizamiento del salario mínimo. Un concepto clave en las pensiones otorgadas por los montos privados.
La determinación del alto tribunal, según reveló Valora Analitik dejó sin efectos la norma promovida en la anterior administración y restableció los parámetros fijados en 2015; en una controversia que involucra los requisitos de jubilación para los trabajadores y las finanzas de las aseguradoras, pues la norma se expidió sin analizar su impacto.
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El debate está ligado a una variable técnica del sistema previsional. La legislación colombiana estipula que ninguna mesada puede ubicarse por debajo del salario mínimo legal mensual. Lo anterior, con el fin de proteger el mínimo vital y la dignidad humana en la vejez, la invalidez o la muerte, según la Corte Constitucional.

Mientras las jubilaciones superiores se reajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las mínimas aumentan de manera obligatoria al mismo ritmo que el sueldo básico. La diferencia que surge cuando el incremento salarial supera la cifra de inflación anual recibe el nombre técnico de deslizamiento del salario mínimo.
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Norma recortaba el aporte estatal y elevaba las exigencias de ahorro individual
Para que un afiliado a una administradora privada acceda a una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia, transfiere sus fondos a una compañía de seguros que asume el pago mensual de por vida. A diferencia del retiro programado, este esquema elimina el riesgo de que el afiliado agote su capital acumulado para gozar de su jubilación.
Por ello, frente a la imposibilidad de calcular cuánto superará el salario mínimo a la inflación en lapsos de varias décadas, el Estado colombiano adoptó en 2015 el Decreto 036, una herramienta mediante la cual el erario asume una porción de ese sobrecosto extraordinario para preservar la oferta de pólizas.
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El Decreto 1485 de 2025 modificó la ecuación matemática de ese auxilio público. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) y la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) advirtieron que la modificación reducía drásticamente los recursos aportados por el Gobierno.
Y no solo eso: trasladaba la carga financiera a las aseguradoras y a los propios afiliados. Con esa reducción del respaldo oficial, el capital acumulado que debía reunir cada trabajador para financiar una mesada básica aumentaba de manera considerable, lo que imponía barreras más altas al momento de tramitar el retiro laboral.
Gobierno omitió la consulta de competencia exigida por el marco legal
En la suspensión cautelar decretada por el Consejo de Estado, se hizo énfasis en una falla procesal cometida durante la expedición del acto administrativo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo obviaron solicitar el concepto previo de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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Este, a juicio del tribunal, era un requisito obligatorio antes de emitir disposiciones que puedan alterar la dinámica del mercado. En su defensa, el Ejecutivo argumentó en su momento que no requería consultar a la SIC, debido a que la materia regulada correspondía a la seguridad social y no a la actividad mercantil.
No obstante, los magistrados desestimaron esa postura tras advertir que la norma afectaba los costos operativos, los riesgos financieros y el esquema de concurrencia de las compañías aseguradoras en el negocio de las rentas vitalicias. Por esa razón, concluyeron que la omisión de dicho trámite configuró un vicio formal del decreto.
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Sistema pensional retoma de manera provisional las reglas vigentes desde 2015
Con esto, la determinación judicial ordenó que, durante el desarrollo del proceso y hasta que exista una sentencia sobre el fondo del litigio, queda restablecida la vigencia del Decreto 036 de 2015. Con este dictamen, el esquema de aportes estatales regresa a las condiciones previas y se suspenden las exigencias adicionales de capitalización individual.
Los beneficiados son los trabajadores próximos a pensionarse. El fallo definitivo del alto tribunal deberá pronunciarse en los próximos meses sobre si el contenido de la norma vulneró o no derechos adquiridos de los futuros pensionados en Colombia; mientras tanto, la medida cautelar devolvería la estabilidad operativa en el sistema.
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