Pacto Histórico pidió atención humanitaria urgente por violencia entre las AGC y el ELN en el Bajo Baudó

La bancada de congresistas del Pacto Histórico pidió atención humanitaria urgente ante el deterioro de la seguridad en el Bajo Baudó, Chocó, donde denunció confinamientos, desplazamientos, homicidios y restricciones a la movilidad por la confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En un comunicado con fecha del viernes 13 de noviembre de 2026, el movimiento político sostuvo que el incremento de los enfrentamientos afecta a poblaciones de Bajo Baudó, Medio Baudó, Alto Baudó y Nuquí.

La colectividad señaló que las comunidades del norte de Bajo Baudó afrontan presiones por parte de los grupos armados, en especial quienes tienen comercios o prestan servicios de transporte fluvial. Según el documento, los habitantes quedan expuestos a represalias por atender a miembros de una de las estructuras ilegales.

“La población civil indefensa no tiene la posibilidad de negarse a prestar un servicio a una persona armada”, indicó el Pacto Histórico. La organización agregó que los operadores de embarcaciones también afrontan esa situación, pese a que las lanchas constituyen el principal medio de transporte en varias zonas de la subregión.

El pronunciamiento advirtió que la violencia no se limita a las áreas rurales. En Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, hombres armados retuvieron el 4 de noviembre a Carlos Andrés Valencia y a otra persona que aún no ha sido identificada, de acuerdo con la denuncia.

Ambos fueron trasladados en una lancha hacia un destino desconocido. El Pacto Histórico afirmó que los responsables comunicaron después que los dos habían sido asesinados, aunque precisó que no existe confirmación oficial sobre esas muertes.

El 9 de noviembre, también en Pizarro, fue asesinado Lucio Robledo, un cerrajero conocido en el municipio. La bancada señaló que el crimen ocurrió ante integrantes de la comunidad.

“Las comunidades y autoridades locales manifiestan sentirse solas e impotentes ante el aumento de los hechos de violencia”, sostuvo el movimiento político, que alertó sobre el impacto de los combates en la vida, la integridad y la movilidad de los habitantes de la región.

La solicitud fue dirigida al Ministerio del Interior, la Consejería Comisionada de Derechos Humanos, la Consejería Comisionada de Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También pidió al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada de Colombia implementar medidas para proteger a las comunidades y garantizar su desplazamiento por el territorio.

Contexto del conflicto armado en Chocó durante 2026

El conflicto armado en Chocó se mantuvo activo durante 2026 por la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también identificadas como Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. La confrontación afectó de forma especial a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas ubicadas en zonas rurales y ribereñas.

La pugna se concentra en corredores estratégicos para el control de rutas fluviales, economías ilegales y salidas hacia el océano Pacífico. En varios municipios, los grupos armados restringieron el tránsito de personas, el ingreso de alimentos y combustibles, la actividad comercial y el acceso a servicios de salud y educación.

La principal consecuencia para la población fue el confinamiento. Esta práctica impide que las comunidades salgan de sus territorios por temor a combates, minas, retenes ilegales o amenazas. En mayo, la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos alertó que al menos 5.900 personas de 25 comunidades indígenas y afrodescendientes del Bajo Baudó permanecían confinadas. La denuncia indicó que habitantes de los ríos Docampadó, Hijua y Orpúa tenían dificultades para acceder a alimentos, educación y ayuda humanitaria.

La confrontación se extendió al Baudó, San Juan y Nuquí

En el Bajo Baudó, Medio Baudó, Alto Baudó y Nuquí, las comunidades denunciaron restricciones para navegar y presiones contra comerciantes y transportadores fluviales. El transporte por río es esencial para la movilidad de personas, el abastecimiento y la salida de pacientes hacia centros de atención médica.

A comienzos de noviembre, al menos 500 indígenas emberá dóbida abandonaron la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, Nuquí, por el temor que generó la presencia y la disputa entre estructuras armadas. Entre los desplazados había niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales.

En la subregión del San Juan, la Defensoría del Pueblo advirtió en agosto que los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo habían dejado cerca de 3.000 personas confinadas en comunidades de Sipí y Nóvita. La entidad también registró desplazamientos desde Torrá y ataques con drones en Charco Hondo, Sipí, donde tres civiles resultaron heridos y 65 familias salieron hacia Barrancón.