Escalada terrorista en Casanare: Defensoría emitió alerta ante riesgo para la población por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc

La expansión de la confrontación armada desde Arauca hacia el noroccidente de Casanare llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana 027 de 2026, mediante la cual advirtió sobre los riesgos para los derechos humanos y la seguridad de los habitantes de esta zona del país. El organismo solicitó a las autoridades nacionales y territoriales adoptar medidas para proteger a la población civil ante el posible incremento de los enfrentamientos y las acciones violentas de los grupos armados ilegales.

La alerta comprende los municipios de La Salina, Sácama y Támara, así como sectores de Hato Corozal, particularmente los que corresponden al resguardo indígena Chaparral Barro Negro. De acuerdo con la entidad, en estos territorios se presenta una disputa por el control territorial entre el Frente Adonay Ardila Pinilla, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Frente 28, adscrito al Comando Conjunto de Oriente del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El documento identifica un proceso de retoma y expansión territorial del Frente 28, que cuenta con el apoyo del Frente 10. Esta estrategia incluye el traslado de estructuras armadas y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso. En respuesta, el ELN adelanta acciones para contener el avance de esa organización en el territorio, situación que podría intensificar la confrontación y generar nuevas afectaciones para las comunidades.

Los municipios incluidos en la advertencia están ubicados en corredores estratégicos de movilidad del Piedemonte Llanero, que conectan a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Según la Defensoría, estas condiciones geográficas son aprovechadas por las estructuras armadas ilegales para movilizar integrantes, transportar armas e insumos, establecer campamentos y ejercer mecanismos de control territorial.

Presiones económicas y restricciones a la población civil

La alerta temprana también advierte sobre las presiones económicas ejercidas por los grupos armados ilegales en los territorios afectados. Entre las situaciones identificadas se encuentran el cobro de “impuestos” y las exigencias económicas a comerciantes, contratistas y empresas que desarrollan actividades en la región.

A estas prácticas se suma la intensificación de los mecanismos de control social y coacción contra la población civil. La Defensoría señaló que los grupos no estatales recurren a la imposición de “manuales de convivencia” abusivos, registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, elaboración de censos y confinamientos.

Estas medidas restringen la autonomía de las comunidades y afectan sus actividades cotidianas, al tiempo que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de quienes habitan en las zonas bajo presión de las estructuras armadas.

Otro de los riesgos identificados corresponde a la instalación intensiva de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. La presencia de estos elementos ha sido advertida en caminos veredales, predios agrícolas y zonas próximas a centros educativos.

Riesgos para menores, comunidades indígenas y líderes sociales

La Defensoría del Pueblo advirtió que la intensificación de la confrontación puede generar afectaciones diferenciadas sobre los grupos de especial vulnerabilidad. Entre los principales riesgos identificados está el reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las estructuras armadas ilegales, incluso para actividades relacionadas directamente con los enfrentamientos.

El organismo también alertó sobre las amenazas contra la autonomía y el gobierno propio del pueblo indígena U’wa, particularmente en los resguardos Guanu´wa Rauriu´wa, anteriormente denominado asentamiento Kera Sikara, y Chaparral Barro Negro.

La advertencia incluye posibles afectaciones a las autoridades y formas de organización de estas comunidades indígenas, en un contexto de disputa territorial y expansión de los grupos armados ilegales.

Asimismo, el documento identifica riesgos para las personas firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que se encuentran en proceso de reincorporación. Entre las situaciones advertidas están las amenazas, la estigmatización y el desplazamiento forzado, que pueden afectar su permanencia en los territorios.

La Defensoría también puso de manifiesto la intimidación constante contra lideresas y líderes de juntas de acción comunal (JAC), así como contra servidoras y servidores públicos locales. Estas situaciones comprometen el ejercicio de la participación comunitaria y el desarrollo de las funciones institucionales en los municipios incluidos en la alerta.

Defensoría formuló 28 recomendaciones a las autoridades

Ante los escenarios de riesgo identificados, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones estratégicas dirigidas a entidades del orden nacional, departamental y municipal, con el propósito de prevenir nuevas afectaciones y fortalecer las medidas de protección para las comunidades.

El llamado está dirigido al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación de Casanare y las alcaldías de los municipios involucrados.

Las recomendaciones están organizadas en ocho ejes de intervención. El primero corresponde a la coordinación de la respuesta rápida, a cargo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). Los demás contemplan la disuasión del contexto de amenaza, la investigación y el acceso a la justicia, la prevención y protección, y el fortalecimiento comunitario y organizativo. También incluyen la asistencia y acción humanitaria integral, la mitigación de vulnerabilidades sociales y el seguimiento por parte del Ministerio Público.