Abogado de Álvaro Uribe, tras decisión de la Fiscalía de archivar caso por presunto soborno a testigos: “La deuda no se ha saldado”

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, celebró el archivo de la investigación por presunto soborno en actuación penal y afirmó que la decisión de la Fiscalía General de la Nación corrige una persecución que, según su posición, se mantuvo durante casi una década.

El ente investigador concluyó que no era posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por tanto, determinó archivar el expediente por atipicidad de la conducta.

El génesis del proceso judicial se dio tras las declaraciones del exparamilitar Pablo Hernán Sierra sobre presuntos pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para que declararan a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda.

Granados dijo que la Fiscalía enderezó un camino que otros habrían torcido

Tras conocerse la decisión, Granados publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el cierre de la indagación y recalcó que su defendido enfrentó una actuación injustificada.

“En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron”, escribió el abogado, que agregó: “Nunca es tarde para rectificar la persecución”.

El reconocido penalista comentó que, pese al archivo, aún persisten otros procesos contra el expresidente que, en su criterio, tienen un origen irregular.

“La deuda no se ha saldado, aún se sostienen muchos procesos con hilos tejidos desde la oscuridad”, dejó en claro Granados.

Granados sostuvo que la defensa continuará recurriendo a las instituciones judiciales para controvertir las actuaciones que considera infundadas contra Uribe Vélez.

Juan Felipe Amaya calificó de infamia los ocho años de investigación

El abogado Juan Felipe Amaya, integrante de la defensa del exmandatario, también se refirió al archivo del caso.

El jurista recordó que la indagación surgió de una compulsa de copias emitida en febrero de 2018.

“Ocho años con la infamia a cuestas”, aseveró Amaya, al cuestionar el tiempo que permaneció abierta la investigación.

El mismo penalista afirmó que las acusaciones relacionadas con los testigos conocidos como “Simón” y “Castañeda” se basaron, según su versión, en una declaración falsa de Pablo Hernán Sierra.

Además, Amaya anticipó que continuará cuestionando la narrativa que relacionó a Uribe Vélez con un supuesto intento de influir en testimonios.

La Fiscalía señaló que no pudo establecer los hechos denunciados

En su decisión, la Fiscalía indicó que no logró verificar la existencia de los hechos que sustentaban la denuncia.

Esa conclusión impidió continuar el examen sobre la configuración del delito de soborno en la actuación penal.

“No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal”, señaló el ente acusador.

El archivo corresponde a esta línea específica de investigación, y la decisión no se refiere a otros procesos judiciales que involucran al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La medida no altera la investigación independiente que sigue abierta por las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango, Antioquia, durante la gobernación de Uribe.

Ese expediente también incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de una estructura paramilitar vinculada con la hacienda Las Guacharacas.

El archivo corresponde al proceso 110016000102202100016, en el que Cepeda figura como denunciante. La Fiscalía examinó las hipótesis sobre una supuesta entrega de dinero a Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, pero determinó que las pruebas reunidas no acreditaron que el exmandatario hubiera pagado por testimonios en actuaciones judiciales.

Negocios entre 2009 y 2011 sin vínculo con los testimonios

Uno de los puntos revisados fue un negocio inmobiliario relacionado con Muñoz Ramírez y el levantamiento de una hipoteca.

Las operaciones se realizaron entre 2009 y 2011 y, según determinó la entidad, formaban parte de un acuerdo comercial con justificación económica entre las partes.

Las declaraciones por las que se habría entregado dinero databan de 2015, por lo que no se encontró una conexión entre aquellas transacciones y un eventual pago por testimonios. La información sobre la presunta entrega de recursos tampoco contó con respaldo probatorio.

Parte de los datos conocidos por uno de los declarantes procedía de rumores que había escuchado en el lugar de reclusión donde coincidía con otras personas.

Con esos elementos, la Fiscalía aplicó el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y sostuvo: “No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados”.

La decisión no impide una reapertura futura, y mientras la acción penal permanezca vigente, la Fiscalía podrá retomar las diligencias si aparecen pruebas que cambien el sentido de la determinación.

El expediente archivado es distinto del proceso principal por presunta manipulación de testigos que llegó a juicio ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia en ese caso, una decisión que fue objeto de recursos de casación.

Las masacres de La Granja y El Aro, bajo investigación separada

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 y la de El Aro fue perpetrada en octubre de 1997.

Ambas fueron atribuidas a grupos paramilitares y son examinadas en una investigación por homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

La hipótesis busca establecer una eventual participación, conocimiento u omisión de Uribe frente a esos hechos durante su administración en Antioquia.

Por lo anterior, el expresidente Uribe ha rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos.

El expediente permanece en la Fiscalía General de la Nación después de que la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.