Salario mínimo de 2027: plantean un aumento “sensato” para evitar problemas en las empresas y en los precios de los productos y servicios

La concertación del aumento del salario mínimo de 2027 se perfila sin un punto de encuentro entre empleadores y sindicatos en Colombia. El profesor de economía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana, Wilson Rodríguez, plantea un incremento cercano al 8,4% y advierte que alzas desligadas de la productividad pueden encarecer el empleo, ampliar la informalidad y presionar los precios.

El experto calcula esa cifra a partir de una inflación observada de 6,3% y una productividad laboral cercana al 2%. “Desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4%, que es la suma básica de la inflación observada más la productividad laboral”, afirmó.

Los gremios y empresarios contemplan ajustes de entre 7% y 9%, mientras otros cálculos técnicos llegan a un rango de 8% a 10%. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó inicialmente una propuesta de 38,5%, aunque en la negociación también se menciona la necesidad de añadir 32 puntos porcentuales (pp) para aproximarse a un salario mínimo vital.

“Con gremios hablando del 9% y sindicatos pidiendo cifras por encima del 40%, la distancia es un abismo técnico”, señaló el experto.

Costo para empresas pequeñas y finanzas públicas

Rodríguez atribuye al aumento del 23,7% decretado para 2026 una presión particular sobre actividades intensivas en mano de obra. “Cuando se decreta un aumento que triplica o cuadruplica la productividad, el golpe se siente en dos frentes muy duros”, sostuvo. Señaló que “el sector productivo castiga de inmediato a los negocios que viven con márgenes muy ajustados y dependen de mucha mano de obra: el comercio, los restaurantes, los hoteles, el agro y, sobre todo, las micro y pequeñas empresas”.

Según él, cuando esos negocios no pueden cubrir el mayor costo laboral, “terminan recortando personal o pasándose a la informalidad”.

El otro frente, dijo, es el presupuesto estatal. Puntualizó que “este tipo de alzas le pasa una factura enorme al Estado porque dispara de golpe el gasto en nómina oficial y, en especial, el pasivo pensional, dado que la gran mayoría de las mesadas en el país están atadas por ley al salario mínimo”.

Vinculó ese efecto a cálculos que atribuyó al Banco de la República: por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el gasto fiscal se eleva cerca de un 0,04% del PIB. Cuestionó la viabilidad de un incremento muy por encima de la inflación y la productividad.

Efecto del fenómeno de El Niño

Sobre el efecto del fenómeno de El Niño, Wilson Rodríguez pidió separar las alteraciones temporales de los factores que deben definir un costo laboral para todo el año. “El Niño es un choque de clima que tiene efectos transitorios en la inflación: encarece la comida y la energía por unos meses, pero luego pasa”, manifestó.

“Si usamos esa subida temporal para fijar el salario mínimo de todo el año, lo que hacemos es convertir un problema pasajero en un costo laboral permanente”, advirtió. A su juicio, la negociación debe observar la inflación básica o estructural, aunque precisó que la inflación esperada también debe entrar en el cálculo y puede recoger parte de la incidencia climática.

Relación entre salario mínimo e informalidad

Wilson Rodríguez situó el debate en la estructura del mercado laboral colombiano. “En Colombia casi la mitad de los ocupados gana menos de un mínimo; es decir, ya están por fuera del sistema”, afirmó. Para el economista, elevar por decreto el valor de contratar sin mejoras paralelas en la productividad reduce las opciones de formalización. “Si subes por decreto el costo de contratar sin que la gente produzca más, a las empresas simplemente no les dan las cuentas para formalizar a nadie”, advirtió.

“Lejos de ayudar al trabajador informal, este tipo de decisiones los deja atrapados en el rebusque, sin salud contributiva ni pensión”, sostuvo. Añadió que un trabajador que ya se encuentra fuera de la formalidad no recibe un beneficio directo por un salario mínimo mayor, aunque sí puede enfrentar alzas en costos indexados a ese ingreso.

Reconoció que la aspiración de mejorar los salarios responde a una necesidad cotidiana. “A todos nosotros nos cuesta que el sueldo rinda a fin de mes, y desear que la gente gane más no solo es comprensible, es legítimo”. Sin embargo, planteó que la discusión debe medir a quiénes favorece y a quiénes puede perjudicar. “La discusión técnica jamás se trata de defender salarios de miseria o proteger privilegios. Se trata de entender que en economía no hay almuerzo gratis y que toda medida tiene un balance costo-beneficio”.

Rodríguez describió un alivio inicial para quienes ya tienen un empleo formal, grupo que, según indicó, representa menos de la mitad de los trabajadores del país: “Cuando sale la noticia en televisión, el anuncio parece un triunfo: a quien hoy tiene un trabajo formal le entra un alivio momentáneo”.

El costo, según su análisis, recae en quienes buscan trabajo o dependen de actividades informales. “El verdadero costo no lo pagan los grandes empresarios; lo paga la inmensa mayoría que está en el rebusque, en la informalidad o buscando empleo, para quienes ese decreto levanta un muro insalvable”.

También relacionó los aumentos alejados de la productividad con presiones sobre la inflación. “Cuando el salario sube por decreto sin respaldo en productividad, a la pequeña tienda o al taller de barrio no le dan las cuentas para formalizar a nadie más”, afirmó.

Rodríguez citó experiencias internacionales como referencias de los riesgos que, desde su perspectiva, entrañan los incrementos desmedidos. “En la región hemos visto casos extremos como Venezuela o Argentina, donde decretar aumentos salariales desmedidos por ley sin ancla productiva terminó pulverizando el poder de compra real a través de hiperinflaciones o espirales de precios”, señaló. Agregó que Turquía ilustra también, a su juicio, ese vínculo: “Cuando se fuerza el salario mínimo muy por encima de la productividad, el resultado inevitable es más inflación y mayor precarización laboral”.

Lo que el ajuste puede cambiar en el bolsillo de los hogares

El salario básico vigente en 2026 es de $1.750.905, sin auxilio de transporte. La mesa tripartita entre Gobierno, gremios y sindicatos tiene prevista su instalación el 18 de noviembre de 2026, con plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo.

Si las partes no llegan a un consenso, el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto que defina el ajuste. El nuevo salario mínimo entraría en vigor el 1 de enero de 2027, y Rodríguez anticipó un desenlace por esa vía: “Salvo una sorpresa mayúscula, el margen para concertar es casi nulo y el incremento terminará saliendo por decreto presidencial”.

Para Wilson Rodríguez, el efecto real de la decisión no se mide el día del anuncio, sino en la evolución posterior de los gastos cotidianos. El poder de compra puede diluirse si alimentos preparados, transporte, alquileres y cuotas de créditos aumentan al mismo ritmo o por encima del ajuste salarial, con menos oportunidades de empleo formal para quienes intentan ingresar al mercado laboral.