Alianza de 28 gremios apoya la Ley de Ajuste Fiscal, pero pide más recorte estatal y medidas para proteger el empleo formal

Aliadas, una coalición de 28 gremios colombianos, se mostró a favor del proyecto de Ley de Ajuste Fiscal del Gobierno nacional, pero advirtió que no favorece la formalización laboral y que la reducción del gasto público incluida en la iniciativa representaría cerca del 25% del ajuste fiscal total, por debajo de lo anunciado por el Ejecutivo. El pronunciamiento fue emitido este 13 de noviembre de 2026 desde Bogotá.

La coalición, a través de un comunicado, aceptó que existe la necesidad de una nueva reforma tributaria, pero plantea dos objeciones concretas al texto actual: su impacto negativo sobre la formalidad y la insuficiencia del recorte del gasto.

Aliadas advierte que el proyecto aumenta los aportes parafiscales sin compensar ese costo para las unidades productivas más pequeñas: “Según nuestro estudio con la Universidad del Rosario, a una microempresa contratar formalmente le cuesta hasta 45 % más, mientras que a una empresa que declara renta le resulta 5,7% más barato. Un independiente que gana cerca de un salario mínimo ya destina el 33% de su ingreso a aportes, frente al 11 % de quién gana 2,5 salarios o más”.

La coalición también cuestiona el peso real de los recortes presupuestales dentro del paquete fiscal. De acuerdo con su lectura del proyecto, que señala coincide con la de varios expertos, “la reducción del gasto explicaría apenas cerca del 25% del ajuste, por debajo de lo anunciado. Creemos que hay espacio para avanzar más en esa dirección”.

El grupo gremial propone que el Gobierno y el Congreso incorporen al debate las soluciones técnicas desarrolladas en su estudio sobre informalidad. La coalición argumenta que reducir la economía informal incide directamente en el recaudo tributario y en la capacidad de crecimiento del país, con lo que convertiría la formalización en una palanca de ajuste fiscal y no solo en un objetivo sectorial.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 56% de los ocupados en Colombia trabaja en condiciones informales, una tasa que ilustra la escala del problema que la coalición pone en el centro del debate legislativo.

La posición de los liberales

El Partido Liberal anunció propuestas para la discusión de la Ley de Rescate Económico con el objetivo de evitar que el ajuste de las finanzas públicas afecte el consumo de los hogares, la producción agropecuaria y el pequeño comercio durante su trámite en el Congreso.

La colectividad planteó que el Gobierno revise primero las reducciones tributarias previstas para las empresas y busque otras vías de financiación estatal antes de imponer gravámenes sobre productos de consumo cotidiano.

El avance inicial del proyecto ya tiene responsables en el Senado: las comisiones terceras y cuartas designaron a los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, para coordinar las ponencias. Farelo integra la Comisión Cuarta.

Los liberales cuestionaron la reducción gradual de la tarifa general del impuesto de renta empresarial, que bajaría del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. La iniciativa también prevé cambios en las reglas de tributación mínima y en el impuesto al patrimonio.

El partido propuso conservar las actuales condiciones de tributación en esos tres frentes antes de trasladar mayores cargas al consumo. Sus cálculos preliminares, elaborados a partir de la exposición de motivos del proyecto, estiman que esa decisión permitiría preservar cerca de $11 billones anuales, en promedio, entre 2028 y 2030.

La estimación deberá contrastarse con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El análisis debe incluir el costo fiscal de mantener los tratamientos tributarios para alimentos e insumos agropecuarios, además de los efectos económicos de las modificaciones propuestas.

Las dudas sobre devoluciones a hogares de menores ingresos

La colectividad también expresó reparos sobre EfectIVA, el mecanismo con el que el Gobierno busca devolver una parte del impuesto a determinados hogares de menores ingresos. Aunque reconoció el propósito de la herramienta, advirtió que su funcionamiento depende de criterios de focalización, datos de facturación electrónica y topes para las devoluciones.

Esas condiciones podrían impedir que todos los hogares afectados reciban una compensación suficiente y a tiempo, especialmente quienes compran en plazas de mercado, tiendas de barrio y comercios con menor acceso a sistemas de facturación electrónica. Por ello, el Partido Liberal sostuvo que la protección de los alimentos básicos debe definirse desde su tratamiento tributario y no depender solo de devoluciones posteriores.

La bancada también solicitó al Gobierno explicar el efecto de los nuevos gravámenes sobre las bebidas en el consumo, los precios y la actividad comercial, y precisar si los cambios conservarán incentivos adecuados para reducir el contenido de azúcar de esos productos.

La Dirección Nacional y la bancada liberal participarán en el trámite legislativo para evaluar alternativas que atiendan las necesidades fiscales del Estado, preserven el consumo básico y consideren el impacto de los impuestos sobre la producción agropecuaria y el pequeño comercio.