Corte Constitucional tumbó la ley que creó la Cátedra de la Afroraizalidad en San Andrés por falta de consulta previa: esto ordenó al Congreso

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2471 de 2025, mediante la cual se estableció la cátedra de la Afroraizalidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión se fundamentó en que la norma fue aprobada sin que se adelantara el proceso de consulta previa con el pueblo raizal, pese a que sus disposiciones estaban relacionadas directamente con esta comunidad étnica.

El pronunciamiento corresponde al expediente D-17392 y fue adoptado mediante la Sentencia C-370 de 2026, bajo la ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. En la misma decisión, la corporación determinó que, como consecuencia de la inexequibilidad de la ley, revivieran los artículos 42 y 47 de la Ley 47 de 1993.

La decisión no incluyó un pronunciamiento de fondo sobre el segundo cargo relacionado con el presunto desconocimiento del derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Frente a ese cuestionamiento, la Sala Plena se declaró inhibida por considerar que la demanda presentaba una ineptitud sustantiva respecto de los artículos 6, 8 y 9 de la Ley 2471 de 2025.

¿Qué establecía la ley que fue declarada inexequible?

La Ley 2471 de 2025, sancionada el 4 de julio de ese año, tenía como propósito incorporar la cátedra de la Afroraizalidad en los proyectos educativos institucionales de todos los establecimientos públicos, privados o mixtos que ofrecieran educación preescolar, básica y media en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Asimismo, reformaba el artículo 47 de esa misma normativa para establecer medidas de protección, preservación, conservación y recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial del archipiélago. Entre sus disposiciones se incluían actividades para salvaguardar los conocimientos y saberes ancestrales, impulsar las expresiones culturales y promover la participación de la comunidad en proyectos relacionados con su identidad y territorio.

La norma también incorporaba obligaciones para el sistema educativo, entre ellas la enseñanza del Creole o Kriol y de la Afroraizalidad en las instituciones educativas, así como la formación de docentes para garantizar el aprendizaje y uso de esta lengua.

En materia de empleo público, establecía que los funcionarios y empleados no pertenecientes al pueblo raizal debían dominar y certificar el conocimiento de los tres idiomas oficiales para acceder a determinados cargos en el departamento. También disponía que los servidores públicos con atención directa al público debían hablar castellano, inglés y Creole o Kriol.

Estas últimas disposiciones estaban contempladas en los artículos 6, 8 y 9, que incluían requisitos de conocimiento lingüístico y la creación de criterios para evaluar y certificar el dominio del Creole o Kriol.

La demanda que llevó la ley ante la Corte Constitucional

La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada el 11 de marzo de 2026 por los ciudadanos Maicol Stiven Flórez Díaz y Carlos Stiven Torres Munévar, quienes solicitaron retirar del ordenamiento jurídico la totalidad de la Ley 2471 de 2025.

Uno de los principales argumentos de los demandantes estuvo relacionado con la ausencia de consulta previa al pueblo raizal durante el trámite legislativo. Según expusieron, las disposiciones de la iniciativa tenían incidencia directa sobre esta comunidad étnica, por lo que el Congreso debía garantizar su participación antes de aprobar la norma.

Para sustentar ese cuestionamiento, los ciudadanos señalaron que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

La demanda también cuestionó el principio de unidad de materia, al considerar que varias disposiciones regulaban asuntos diferentes al establecimiento de una cátedra educativa. Entre ellos mencionó las modificaciones sobre lenguas oficiales, protección del patrimonio cultural y requisitos para acceder a empleos públicos.

Adicionalmente, los accionantes cuestionaron las exigencias lingüísticas establecidas para los funcionarios y empleados públicos no pertenecientes al pueblo raizal. En su argumentación, señalaron que exigir el dominio integral y certificado de tres idiomas podía afectar el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos.

Sin embargo, la decisión de la Corte comunicada en la Sentencia C-370 de 2026 se concentró en la omisión de consulta previa como fundamento para declarar inexequible la totalidad de la ley.

Congreso deberá presentar un nuevo proyecto con consulta previa

Como parte de las determinaciones adoptadas, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, radique un nuevo proyecto de ley y adelante el correspondiente trámite legislativo para aprobar medidas de protección cultural destinadas al archipiélago.

La corporación precisó que ese procedimiento deberá cumplir previamente con el requisito de consulta al pueblo raizal, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y las reglas establecidas en la jurisprudencia constitucional.

De esta manera, cualquier nueva iniciativa legislativa que busque establecer medidas relacionadas con la protección cultural del pueblo raizal deberá surtir el procedimiento correspondiente y garantizar la consulta previa antes de su aprobación.