Jueces de Bogotá respaldaron el paro judicial del 19 de noviembre: denuncian sobrecarga laboral, falta de presupuesto y posibles recortes salariales

Los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá anunciaron su respaldo a la jornada nacional de protesta convocada por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial para el próximo 19 de noviembre de 2026. A través de un comunicado público, manifestaron su preocupación por las condiciones estructurales en las que deben desarrollar sus funciones y señalaron que el incremento de las responsabilidades judiciales no ha estado acompañado de mayores recursos humanos, presupuestales y administrativos.

Los funcionarios señalaron que existe una contradicción entre las responsabilidades que asumen los despachos judiciales y los recursos disponibles para cumplirlas. En ese sentido, describieron una situación de proporcionalidad inversa en la que, mientras aumentan las obligaciones de los servidores judiciales, disminuyen las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente sus labores.

“A mayores responsabilidades, menor suficiencia de recursos y condiciones cada vez más restrictivas para quienes ejercen la función judicial”, advirtieron en el documento. Los jueces aclararon que su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores judiciales responde a las dificultades que enfrentan en el ejercicio de sus funciones y a la necesidad de garantizar condiciones que permitan prestar un servicio de justicia oportuno, eficiente y efectivo.

Aumento de tutelas incrementa la carga de los despachos judiciales

Uno de los principales puntos expuestos en el comunicado tiene que ver con el crecimiento sostenido de las acciones de tutela y las consecuencias que esto ha generado en la distribución del trabajo dentro de los juzgados.

Los firmantes reconocieron la importancia constitucional de estos mecanismos y la necesidad de garantizar su atención prioritaria. Sin embargo, explicaron que el aumento de estos procesos no ha estado acompañado de una ampliación proporcional de las plantas de personal, lo que ha incrementado las responsabilidades de los funcionarios y empleados judiciales.

De acuerdo con el documento, la atención de las tutelas exige destinar cada vez más tiempo y recursos humanos, lo que reduce la capacidad de los despachos para atender oportunamente los procesos penales que tienen a su cargo. Los jueces señalaron que estos últimos no disminuyen como consecuencia del incremento de las acciones constitucionales, por lo que deben responder simultáneamente a ambas cargas de trabajo.

A esta situación se suman las actuaciones administrativas que demanda el trámite de las tutelas. Según los funcionarios, estas tareas también deben ser asumidas por los empleados de los juzgados, debido a que no existe un esquema de apoyo suficiente para atenderlas sin afectar las demás responsabilidades judiciales.

El comunicado advierte que las deficiencias estructurales terminan trasladándose a los trabajadores, quienes deben asumir mayores cargas con recursos que permanecen prácticamente iguales. “El compromiso y la dedicación de los servidores judiciales no pueden convertirse en el sustituto permanente de las obligaciones institucionales del Estado”, señalaron los jueces de Bogotá.

Por esta razón, solicitaron fortalecer las plantas de personal y establecer mecanismos de descongestión que permitan responder al aumento de las demandas judiciales sin comprometer la atención de los demás procesos.

Falta de presupuesto y dificultades para ampliar la capacidad judicial

El segundo aspecto señalado por los jueces está relacionado con la financiación de la Rama Judicial. En el comunicado sostuvieron que el incremento de las solicitudes de justicia no ha estado acompañado de una asignación presupuestal suficiente para cubrir las necesidades de funcionamiento, infraestructura y ampliación del personal.

Como parte de sus argumentos, mencionaron las advertencias que han realizado públicamente distintas autoridades judiciales, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, sobre las dificultades presupuestales que enfrenta la administración de justicia para responder a la demanda del servicio.

Según los firmantes, la falta de recursos limita las posibilidades de ampliar la cobertura judicial, fortalecer las instalaciones y poner en marcha medidas que permitan reducir la congestión de los despachos.

Los jueces indicaron que las consecuencias de esta situación no afectan exclusivamente las condiciones laborales de quienes trabajan en la Rama Judicial, sino que también repercuten en los ciudadanos que acuden a las instituciones para buscar protección de sus derechos.

En ese sentido, insistieron en que contar con una financiación adecuada constituye una condición necesaria para garantizar que los procesos puedan resolverse de manera oportuna y que la administración de justicia tenga capacidad para atender las necesidades de la población. “La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye, por tanto, una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”, expresaron en el pronunciamiento.

Advierten sobre posibles recortes salariales por cambios tributarios

El tercer punto de preocupación expuesto por los jueces está relacionado con una propuesta legislativa que busca eliminar el tratamiento de renta exenta previsto para los gastos de representación de jueces y magistrados. De acuerdo con el comunicado, esta modificación, en caso de ser aprobada, podría afectar los ingresos disponibles de los funcionarios judiciales, en un contexto en el que consideran que sus responsabilidades y cargas laborales han aumentado sin un fortalecimiento equivalente de sus condiciones de trabajo.

Los firmantes señalaron que no desconocen las necesidades fiscales del Estado ni las competencias que tiene el Congreso de la República para tramitar modificaciones legislativas. No obstante, pidieron que la iniciativa sea examinada teniendo en cuenta sus efectos económicos sobre quienes ejercen funciones judiciales.

En particular, solicitaron que el debate contemple las condiciones laborales y de remuneración de jueces y magistrados, al considerar que su dignificación también es relevante para el ejercicio autónomo e independiente de sus responsabilidades.

Frente a este panorama, hicieron un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales, el Congreso de la República y el Gobierno nacional para que adopten medidas dentro de sus competencias.

Finalmente, los jueces penales municipales con función de conocimiento de Bogotá reiteraron su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores judiciales y señalaron que el funcionamiento de la justicia no puede depender exclusivamente del esfuerzo individual de sus funcionarios y empleados.

“Garantizar una justicia oportuna, independiente y accesible exige superar esa contradicción mediante un compromiso institucional efectivo”, concluyeron en el comunicado.