El ministro del Interior Alejandro Ordóñez protagonizó fuerte discusión con magistrado de la JEP: “Le pido el debido respeto”

El 12 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia sobre medidas de protección y garantías de seguridad, con presencia del ministro de Interior, Alejandro Ordoñez, que en su intervención aseguró que la protección para los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una prioridad para el Gobierno nacional, al igual que la verificación del cumplimiento de las órdenes judiciales.

Durante el evento, el alto funcionario y el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, protagonizaron un cruce verbal que se produjo cuando comenzó a hablar sobre la legitimidad del tribunal.

Ordóñez había planteado que, tras una década de la firma del Acuerdo de Paz 2016, la JEP enfrenta el desafío de demostrar resultados, transparencia y reparación a las víctimas. También se refirió a la necesidad de que los responsables cumplan las actividades comunitarias que les fueron impuestas.

Salazar pidió ceñirse a las garantías de seguridad

Salazar interrumpió al titular de la cartera antes de que concluyera su exposición. “No vinimos a discutir la legitimidad de la JEP”, dijo el magistrado, quien pidió que la intervención se concentrara en el tema de protección abordado en la audiencia.

Ordóñez respondió que no pretendía cuestionar a la jurisdicción y reclamó que no le permitieran finalizar su participación. “Usted no me ha dejado terminar”, le manifestó al magistrado, antes de solicitar que se le concediera la palabra para explicar la posición del Ministerio del Interior.

La tensión aumentó cuando Salazar sostuvo que las palabras del ministro sí incluían referencias a la legitimidad de la JEP. El magistrado afirmó que tenía el uso de la palabra y consideró improcedente que se plantearan cuestionamientos ajenos al objeto de la diligencia.

La presidencia de la audiencia permitió que el ministro concluyera

La magistrada Reinere Jaramillo Chaverra intervino para permitir que Ordóñez terminara su participación, aunque recordó a los asistentes los límites fijados para la sesión. Según explicó, las citaciones y los cuestionarios previos se referían al seguimiento de decisiones y a la articulación institucional en materia de seguridad.

Jaramillo señaló que el Ministerio del Interior tiene deberes legales vinculados con las garantías de seguridad y con el Programa de Protección Integral en los territorios. Por ello, pidió a todos los citados que sus intervenciones se ajustaran a los asuntos definidos para la audiencia.

El intercambio concluyó con esa precisión de la magistrada, que mantuvo el debate en el marco de las medidas de protección y la coordinación que corresponde a la cartera del Interior.

Ordoñez y su visión sobre los esquemas de seguridad

El exprocurador general de la Nación sostuvo que fortalecerá los filtros y estudios para determinar quiénes necesitan que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asigne esquemas de seguridad.

“La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución. Desde el Ministerio, en nuestra función de articulación y en el marco de las políticas que son de nuestra competencia, vamos señores magistrados a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para los perpetradores de los más graves violaciones de derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario paguen por sus delitos”, señaló.

En ese sentido, Ordoñez señaló que ese servicio estatal es para las personas que en verdad lo necesiten, por lo que buscará aumentar las sanciones por irregularidades en la entrega se esquemas de seguridad.

“Así sea con sanciones como las consagradas en el ordenamiento jurídico, que resultan sin protección alguna frente a la gravedad de sus atrocidades y más de carácter simbólico. En cualquier caso, el cumplimiento de esas sanciones propias debe ser riguroso. Estamos dispuestos a coordinar los esfuerzos gubernamentales y territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad que permitan que los victimarios realicen las actividades comunitarias que se les han impuesto”, concluyó.