Cuestionan el valor de las interventorías de demoliciones contratadas por el Fondo Milagro: “La reconstrucción no puede empezar por la opacidad”

Hay dudas sobre el funcionamiento, el manejo de los recursos y las contrataciones que se han estado haciendo desde el Fondo Milagro para la atención de las emergencias derivadas del terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Uno de los cuestionamientos está centrado en las demoliciones de las estructuras afectadas por el sismo. Según indicó la senadora del Pacto Histórico Laura Cristina Ahumada, el Gobierno nacional debe dar explicaciones sobre las interventorías que se contrataron para la vigilancia de esas demoliciones.

La legisladora explicó que las contrataciones para dichas demoliciones se hicieron de manera directa y cada una de ellas tiene su propia interventoría. Pero el problema no está allí. De acuerdo con la servidora pública, hay que poner la lupa en los recursos destinados a la vigilancia de las obras.

Pues, la interventoría de la demolición del edificio Ana Pilar, en Cali, Valle del Cauca, a cargo de Los Castores Constructores S.A.S., tiene un valor de $214.944.464, correspondiente al 22,6% de la obra, según aseguró la congresista del Pacto Histórico. La demolición de ese edificio está a cargo del contratista Voladuras Controladas de Colombia S.A.S, por $949.000.000.

Ese caso difiere de la demolición controlada por implosión del edificio Invico P. H. de Pereira, Risaralda. El valor de esta actividad es de $3.814.321.127 y el contratista seleccionado es Demoliciones Atila Implosión S.A.S; su interventoría, por otro lado, está a cargo de Los Castores Constructores S.A.S, y la cuantía es de $299.270.076, lo que representa el 7,8% de la obra, de acuerdo con los cálculos de la legisladora.

“Y no es un caso aislado: en el Arábico (Cali) la interventoría es el 18,5%, y en el colegio San Nicolás (Pereira), el 20,8%”, añadió Laura Cristina Ahumada.

La congresista advirtió que los costos de interventoría en el sector no suelen superar el 10%. “En el sector, una interventoría suele costar entre el 5% y el 10% del valor de la obra. Aquí, tres de las cuatro superan ese techo, y dos lo duplican. ¿A quién le están dando el negocio?”, cuestionó la congresista.

Desde el Fondo Milagro se informó que todos los contratos serán publicados en la plataforma SECOP II, para que puedan ser verificados. Sin embargo, la servidora pública cuestionó el hecho de que todavía no sean públicos, teniendo en cuenta que se hicieron contrataciones directas por urgencia y que las interventorías, presuntamente, superarían el valor promedio establecido en el sector. “Los ciudadanos todavía no pueden ver ni un estudio previo ni una cotización”, señaló.

Así las cosas, la congresista indicó que, apenas se publiquen los contratos en la plataforma, pondrá la lupa sobre varios aspectos de las contrataciones: “Si es que publican el próximo viernes (20 de noviembre) revisaremos estos contratos: cómo se calcularon los valores, cuántas cotizaciones hubo y quién las presentó. Son recursos de un crédito que pagaremos todos los colombianos, y la reconstrucción no puede empezar por la opacidad”.

Ahumada no es la única congresista que ha cuestionado la contratación en el Fondo Milagro. La legisladora Catherine Juvinao afirmó que, presuntamente, el consejo directivo del Fondo Milagro aprueba la contratación a ciegas.

Según detalló, el consejo está conformado por siete miembros, de los cuales, cinco son delegados del presidente, pero ninguno estaría involucrado en la selección de los contratistas. Tampoco estaría involucrado en la recepción de las ofertas de los contratistas ni en su evaluación.

“La evaluación de ofertas y la selección de contratistas las hace el gerente solito. Y esto para mí es problemático porque en un eventual caso de corrupción, los integrantes del consejo directivo sí deberán responder fiscalmente, disciplinariamente, penalmente y patrimonialmente. De manera que yo les sugeriría revisar quién se va a ganar ese contrato antes de que se firme”, dijo la congresista.