Corte ordenó trasladar a 2.615 personas que llevan más de un año detenidas en estaciones de Policía: autoridades tendrán dos meses para presentar un plan

La Corte Constitucional ordenó elaborar un plan de traslado progresivo para las 2.615 personas que llevan más de un año privadas de la libertad en estaciones de Policía, pese a que estos espacios están destinados a detenciones transitorias y tienen un límite constitucional de permanencia de 36 horas.

La determinación hace parte del Auto 1460 de 2026, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. En la misma decisión, la Sala ordenó conformar una mesa técnica interinstitucional para identificar las dificultades que han impedido desarrollar proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria en el país.

De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional del 6 de abril de 2026, entre las personas que superaban un año de permanencia en estaciones de Policía había 2.567 personas imputadas y 48 condenadas. Para la Corte, esta situación constituye una vulneración grave, sistemática y continuada de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

¿Cómo deberá realizarse el traslado de las personas detenidas?

La orden está dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Policía Nacional, entidades que deberán elaborar y remitir el plan dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión.

El documento tendrá que identificar a las personas que llevan más de un año en centros de detención transitoria, establecer los establecimientos penitenciarios y carcelarios de destino y determinar los cupos disponibles para recibirlas. También deberá incluir metas mensuales verificables para ejecutar los traslados progresivos y contemplar medidas para los casos en los que no existan espacios suficientes en los establecimientos de destino.

La Corte precisó que la ejecución de esta medida no podrá generar nuevas situaciones de hacinamiento en las cárceles que reciban a las personas trasladadas. Por ello, el plan deberá considerar la capacidad disponible y las condiciones de los lugares de reclusión.

La Sala fundamentó la orden en los artículos 28 y 29 de la Constitución y en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993. Estas disposiciones establecen garantías relacionadas con la libertad personal y las condiciones de privación de la libertad.

Corte identificó fallas en los proyectos de infraestructura carcelaria

Además de ordenar los traslados, la Corte dispuso que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conformen una mesa técnica interinstitucional. Tendrán dos meses, contados desde la notificación de la providencia, para ponerla en funcionamiento.

En este espacio participarán también el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Uspec, el Inpec y la Sociedad de Activos Especiales. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República tendrán participación con voz técnica.

La mesa deberá identificar las barreras que han impedido desarrollar proyectos de infraestructura penitenciaria, evaluar las alternativas de ejecución y financiación disponibles y establecer una hoja de ruta para las iniciativas priorizadas.

La decisión se tomó después de examinar los problemas persistentes en la infraestructura destinada a la población privada de la libertad. Según la Sala, el modelo tradicional de financiación pública directa y ejecución estatal ha resultado insuficiente para superar el déficit de cupos, mejorar las condiciones físicas de los establecimientos y garantizar los derechos de las personas recluidas.

Los informes de los organismos de control también evidenciaron dificultades en la ejecución de las obras. La Procuraduría documentó deterioro estructural, fallas en los servicios sanitarios y proyectos inconclusos. Por su parte, la Contraloría identificó 122 hallazgos y concluyó que las inversiones ejecutadas no habían generado cupos efectivos ni puesto en funcionamiento espacios operativos.

La Corte identificó cuatro problemas recurrentes: la subestimación de los costos y tiempos de ejecución; la dependencia casi exclusiva de recursos públicos directos; la concentración de las inversiones en infraestructura física, en detrimento de los programas de resocialización y las condiciones materiales de reclusión, y la falta de una evaluación comparada de las modalidades de ejecución y financiación.

Otro de los elementos examinados fue la falta de coordinación institucional. La ANI informó que no adelanta actualmente la estructuración de proyectos penitenciar

ios porque el Ministerio de Justicia no se lo ha solicitado. Para la Sala, esto no demuestra que las asociaciones público-privadas sean necesariamente la solución al déficit de infraestructura, sino que las entidades competentes no han evaluado conjuntamente las alternativas disponibles.

Mesa técnica tendrá seis meses para presentar una hoja de ruta definitiva

La instancia deberá cumplir cuatro funciones: identificar las barreras técnicas, jurídicas, fiscales, presupuestales y administrativas; comparar las modalidades de ejecución y financiación permitidas por la ley; determinar la viabilidad de cada alternativa y recomendar los instrumentos jurídicos y financieros más adecuados para los proyectos priorizados.

Entre las modalidades que deberá evaluar están la obra pública, la contratación estatal ordinaria, las asociaciones público-privadas y otras formas de participación privada.

La Corte estableció dos plazos para la presentación de resultados. Dentro de los tres meses siguientes a su instalación, la mesa deberá entregar un primer informe con las barreras identificadas, la comparación de las alternativas y una priorización preliminar de los establecimientos con mayores necesidades de infraestructura.

Posteriormente, dentro de los seis meses siguientes a su instalación, tendrá que presentar un informe técnico estructural con la priorización definitiva, la alternativa recomendada para cada proyecto y una hoja de ruta que incluya responsables, cronogramas y metas verificables.

La providencia también fijó condiciones para los proyectos que contemplen participación privada. Las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario son responsabilidad del Estado y no pueden delegarse a particulares.

Por otra parte, la Sala exhortó al Congreso de la República para que evalúe y, si lo considera pertinente, regule los mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura destinada a la detención transitoria. Este análisis deberá realizarse en el marco de la política de desmonte progresivo de estos centros y respetar las funciones de seguridad, vigilancia y custodia que corresponden a la Policía Nacional.

Finalmente, la Corte exhortó al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso para que analicen y adopten, con carácter prioritario, instrumentos de racionalización penal que permitan reducir la demanda carcelaria. Entre las alternativas mencionadas están las medidas distintas a la prisión y a la detención preventiva, los programas de prevención del delito y resocialización y los mecanismos de libertad anticipada.

La Sala advirtió que la ampliación de la infraestructura penitenciaria, por sí sola, no resuelve el problema del hacinamiento, por lo que también se requieren medidas orientadas a reducir la demanda de cupos en los establecimientos de reclusión.