Concejala denuncia presuntos pinchallantas en dos principales vías de Bogotá: conductores pagarían hasta $500.000 por llanta

La concejala Andrea “Tata” Hernández pidió a las autoridades de Bogotá investigar una presunta modalidad de estafa con pinchallantas denunciada por conductores en la calle 13, antes de llegar al río Bogotá, y en la autopista Norte, a la altura del Homecenter de la calle 183. Según las quejas conocidas, las víctimas serían llevadas a montallantas donde les cobrarían hasta $500.000 por cada llanta.

De acuerdo con la alerta de Hernández, personas estarían causando, en forma deliberada, daños en las llantas de vehículos que circulan por esos sectores. Luego, se acercarían a los conductores para ofrecerles o presionarlos a aceptar servicios de reparación, con cobros que podrían superar ampliamente los precios habituales.

La concejala solicitó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá verificar los hechos en los puntos mencionados. El pedido incluye reforzar la vigilancia e identificar a quienes estarían detrás de las denuncias.

“Las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”, señaló Hernández. La cabildante advirtió que un pinchazo en plena vía puede dejar a los conductores en una situación de vulnerabilidad, especialmente si viajan solos o deben detenerse en zonas con alto flujo vehicular.

La recomendación es llamar al 123 antes de aceptar ayuda

La Secretaría de Seguridad recomendó a quienes sufran un pinchazo y reciban de inmediato la oferta de traslado a un montallantas que se comuniquen con la Línea de Emergencias 123. La entidad plantea que, antes de dirigirse a un establecimiento sugerido por desconocidos, los conductores soliciten orientación y apoyo institucional.

También recordó que los montallantas deben exhibir en un lugar visible una lista de precios, un requisito obligatorio para su funcionamiento. Revisar esas tarifas antes de autorizar cualquier arreglo puede ayudar a evitar cobros que no correspondan al servicio recibido.

La alerta se suma a antecedentes de denuncias sobre los llamados pinchallantas, una práctica ilegal en la que se ocasiona o facilita la perforación de una rueda para dirigir al afectado hacia talleres cercanos. En esos casos, el perjuicio puede extenderse más allá del costo de la reparación, porque el conductor debe detenerse de forma imprevista y tomar decisiones bajo presión.

Autoridades mantienen operativos contra la práctica ilegal

Según la Secretaría de Seguridad, junto con la Policía Metropolitana se mantienen operativos en distintas localidades para prevenir esta conducta. Durante esas intervenciones, las autoridades informan a propietarios y administradores de montallantas sobre las consecuencias de participar en actividades ilegales.

La entidad indicó que quienes incurran en estas prácticas pueden ser capturados y judicializados por delitos como daño en bien ajeno y concierto para delinquir, según las circunstancias que se determinen en cada investigación.

Entre las zonas donde previamente se han concentrado quejas están Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, Kennedy y la Autopista Sur. Sin embargo, las autoridades han advertido que el problema puede presentarse en diferentes puntos de la ciudad, por lo que la recomendación para los conductores se mantiene en cualquier corredor vial.

En denuncias conocidas sobre este tipo de casos, se describe que los responsables identifican a potenciales víctimas y dejan sobre el asfalto objetos punzantes que terminan por perforar las llantas al paso de los vehículos. Esa versión deberá ser contrastada por las autoridades en relación con los nuevos puntos señalados en la calle 13 y la autopista Norte.

Las víctimas deben conservar datos y pruebas del caso

Hernández pidió a las personas afectadas presentar denuncia y reunir, cuando sea posible, información que facilite la verificación de los hechos. Entre los elementos útiles mencionó fotografías, videos, recibos de pago, ubicación exacta, datos del establecimiento y características de quienes ofrecieron el servicio.

La información permite a las entidades establecer patrones, ubicar los sitios donde se concentran las quejas y determinar si existen vínculos entre los daños a vehículos y los negocios que realizan las reparaciones. También puede servir para contrastar los valores cobrados con las tarifas que deben estar disponibles para el público.