Alcalde Eder compartió balance sobre demolición de edificios afectados por el sismo del 10 de agosto y la entrega de $50 millones a 700 familias caleñas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentó un informe sobre los primeros tres meses tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó varias ciudades del país y dejó graves daños en la capital del Valle del Cauca.

En el balance, el jefe del Distrito caleño aseguró que, durante los primeros 90 días, ya se demolieron 20 de los 85 edificios previstos y que están en marcha “cinco frentes de trabajo activos”.

El alcalde informó que se estructura un programa de apoyo de $50 millones por familia para la compra de una vivienda nueva. La iniciativa estará dirigida a 700 hogares que, según el censo oficial, perdieron de manera definitiva sus inmuebles tras la emergencia.

El mandatario señaló que la medida busca ayudar a las familias cuyas viviendas colapsaron o debieron ser demolidas por los daños detectados en las inspecciones técnicas.

“Ya están las familias identificadas. Ya tenemos un primer recurso para hacer un programa de solución de viviendas”, afirmó durante una rueda de prensa.

Eder indicó que el aporte económico pretende cubrir parte del cierre financiero que requieren los beneficiarios para adquirir una nueva vivienda. También anticipó que la administración espera anunciar los resultados de la estructuración del programa durante la próxima semana.

El alcalde informó que ya se realizaron dos de los tres pagos mensuales de ayuda económica a 21 mil damnificados que cumplieron los requisitos para recibir el beneficio. “El tercero debe estar saliendo la semana entrante”, indicó Eder.

El mandatario pidió a la ciudadanía mantener la unidad durante la fase de reconstrucción. “La reconstrucción va a ser larga y hoy más que nunca los caleños tenemos que permanecer unidos”, afirmó.

Cali ha demolido 20 de 85 edificios autorizados

A tres meses de la emergencia, la ciudad ha demolido 20 de los 85 edificios autorizados para derribo, según el reporte entregado por el alcalde. Actualmente hay cinco frentes de trabajo públicos activos, financiados o coordinados por la Alcaldía de Cali y el Fondo Milagro.

También comenzaron tres demoliciones a cargo de propietarios privados. Entre ellas, Eder mencionó las obras en el Hotel La Luna y el colegio Gonzaga.

El alcalde explicó que el apoyo público para las demoliciones se dirige a propietarios sin seguros o a casos con daños extremos. Los inmuebles asegurados pueden adelantar esos procedimientos con los recursos de las pólizas.

“Esto tarda semanas, esto no es de la noche a la mañana”, expresó el mandatario al referirse a la demolición de un edificio en el barrio Bretaña.

La Alcaldía también reportó que la emergencia afectó cerca de 14 mil edificios y viviendas en distintos sectores de Cali. De ese total, los equipos técnicos ya han revisado más de 10 mil estructuras.

Según Eder, más de 1.200 inmuebles permanecen con sello rojo, una señal que identifica restricciones de uso por las condiciones de seguridad. El alcalde estimó que el número de edificaciones que requerirán demolición podría aumentar de 85 a 120.

Luz verde para el decreto de emergencia económica: los recursos deberán girarse directamente a las ciudades afectadas

Mientras tanto, la Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, aunque impuso límites para que los recursos y medidas extraordinarias se destinen únicamente a atender los daños derivados del sismo.

La Sentencia C-366 de 2026 estableció que la emergencia solo aplicará en los municipios con afectaciones comprobadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Gobierno deberá demostrar, con soporte técnico, cualquier extensión de las medidas a otras localidades.

El tribunal también prohibió usar la declaratoria para atender problemas previos al terremoto, financiar el déficit fiscal o ejecutar gastos que no estén relacionados directamente con la emergencia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias.